Ciudad de México. El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México dio un plazo de tres días al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para que cumpla con la sentencia de amparo en la que le ordena abstenerse de realizar manifestaciones en contra de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.
“Se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector...se procede a analizar si de las constancias que integran el expediente, se advierte que la sentencia protectora se encuentra o no cumplida...en consecuencia, resulta válido concluir que la sentencia dictada en el presente juicio no se encuentra cumplida... Requiérase a la responsable para que en tres días acredite haber dado cumplimiento al fallo protector”, señala el acuerdo del juez Augusto Octavio Mejía Ojeda.
En octubre del año pasado, el juzgado tercero de distrito de amparo le concedió la protección de la justicia a la ex secretaria de Estado contra el titular de la FGR por violar su derecho de presunción de inocencia. Incluso el fallo fue ratificado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal.
En agosto de 2020, durante una videoconferencia con académicos de El Colegio de México, Gertz Manero señaló que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), recibía un trato diferente al de la ex jefa de Gobierno porque él primero aceptaba los cargos, estaba cooperando y ofreciendo pruebas, en cambio ella no ha colaborado y rechaza las imputaciones.
Por esa razón, en mayo de este año, su abogado interpuso la demanda de garantías al argumentar que los dichos del servidor público implican una violación al derecho humano de presunción de inocencia.
En la actualidad, Rosario Robles permanece en el penal de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019 por su presunta responsabilidad en el ejercicio indebido del servicio público con un daño al erario por más de 5 mil millones de pesos, razón por la cual se solicita una pena de 21 años de prisión.
