Chilpancingo, Gro. A más de 50 años de las desapariciones de cientos de personas durante la llamada guerra sucia, que se vivió en el estado de Guerrero de 1969 a 1979, no ha habido ni reparación del daño, ni castigo a los responsables materiales e intelectuales, coincidieron en señalar los ex guerrilleros Eloy Cisneros Guillén, y Nicomedes Fuentes García, sobrevivientes de esa etapa. 

En entrevista por separado, Eloy Cisneros, quien fuera dirigente del Frente de Defensa Popular (Fredep), y preso en varias ocasiones, señaló que durante la presentación del informe impreso de la Comisión de la Verdad (Comverdad), el pasado jueves en Acapulco, hubo algunas propuestas importantes. 

Una de las cuestiones que se plantearon es que “debe haber castigo para los responsables tanto materiales, como intelectuales que aún están vivos”. 

En tanto, agregó el también ex dirigente estatal del PRD, hoy militante de Morena, para otros de los responsables de las desapariciones en Guerrero que ya murieron “creo que debe de llevarse a cabo un juicio político público, para que se sepa quiénes son esas gentes que masacraron y desaparecieron al pueblo de Guerrero”. 

Por otro lado, dijo Cisneros Guillén, “muchos de los familiares de los compañeros desaparecidos y asesinados, quedaron desamparados, algunos han podido sobrevivir; otros han muerto en la miseria, y se necesita la reparación del daño por parte del gobierno federal”  

Esos fueron “algunos de los planteamientos que se hicieron al compañero Alejandro Encinas (Subsecretario de Gobernación), y vamos a estar sobre eso, exigiendo que se cumplan lo más pronto posible estos puntos; aunque también se planteó otro punto más en el sentido de que no vuelva suceder otra guerra sucia en Guerrero”. 

Finalmente se recomendó “que haya acercamiento, diálogo, unidad y organización para exigirle al Estado mexicano, lo que la gente reclama, que es la reparación del daño”. 

Fue un evento importante porque mucha gente no conocía como funcionó la Comverdad en Guerrero, se enteró de que a pesar de la limitación del tiempo y de los recursos por parte del Congreso del Estado, hubo un avance importante “sin duda, reconoció, “ha faltado por parte del gobierno federal, concretar lo que la Comverdad formuló, y dar resultados”. 

En tanto, Nicomedes Fuentes García, quien fue miembro de la Comverdad, que funcionó de 2012 a 2014, manifestó que “como equipo de seguimiento, vemos pertinente que era necesario continuar, que no se podía dejar a la gente sin ninguna alternativa, por lo que acudimos a la comunidad de El Quemado(municipio de Atoyac de Alvarez, en la Costa Grande), y a otros pueblos a informarles que se había terminado el trabajo de la Comverdad, luego de presentar el informe el 15 de octubre de 2014”. 

El también ex integrante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), recordó que la mayoría de los pobladores de El Quemado son sobrevivientes de la guerra sucia “incluso estuvimos juntos con ellos en la cárcel, las bartolinas, y en las celdas, todos madreados, había mucha confianza con ellos”. 

Por eso, cuando se les informó que había terminado el trabajo de la Comverdad “nos dijeron ajá y ¿qué va a pasar, se van a rajar?, a título personal, les dije: si ustedes no se rajan yo tampoco, yo le sigo aquí; y también la compañera Pilar Noriega, también dijo que seguiría participando”. 

Ocurrió lo que nosotros esperábamos de la gente “y es que esto no termina, hasta que haya verdad, justicia, reparación integral del daño, medidas de no repetición, y rescate de la memoria histórica”. 

Posicionar el tema “como un tema vigente que no ha tenido solución a lo largo de más de 50 años; vamos a continuar por el lado jurídico, a hacer uso por las leyes de este país, y así tenemos algunos casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se interpuso un amparo que se ganó”. 

Los quejosos que ganaron el amparo de manera directa “son 53 personas; se ha avanzado de alguna manera en la atención a ellos, y hay una parte de la sentencia, en donde se protege a todos los casos identificados por la Comverdad, según la sentencia en el amparo, en donde ordenan a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, crear un programa de atención y de reparación integral del daño, a todas las víctimas identificadas por la Comverdad de Guerrero”.