Ciudad de México. En una nueva embestida contra la oposición, el Parlamento de Nicaragua, controlado por el gobernante Frente Sandinista, clausuró en apenas tres días casi 180 organizaciones sin fines de lucro, una medida que según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos busca “eliminar toda posibilidad de una sociedad civil independiente en el país”.

El jueves fue el turno de 96 organizaciones no gubernamentales cuyo cierre fue aprobado por el voto de 75 diputados sandinistas y sus aliados, mientras 14 legisladores se abstuvieron.

Con esta cancelación suman 179 las organizaciones clausuradas esta semana por el gobierno de Daniel Ortega y más de 400 desde la revuelta social que puso en jaque a su administración en 2018.

Como en otros casos, el decreto de clausura señala que éstas incumplieron su “inscripción en el registro como agentes extranjeros”, un requisito impuesto a las entidades independientes desde 2020. “Tampoco presentaron sus estados financieros como lo establece la Ley General de Regulación de los organismos sin fines de lucro”, adujo el diputado oficialista Filiberto Núñez.

Algunas de las organizaciones que han sido cerradas estaban ligadas a figuras de la oposición a Ortega, pero muchas más eran entidades deportivas como el Centro Ecuestre Cocibolca, o filantrópicas y culturales, como el Club Rotario de la ciudad de León, la fundación educativa Padre Fabretto y la Academia Nicaragüense de la Lengua, con 94 años de trabajo.

Entre los grupos a los que se les canceló su personería jurídica este jueves figuran entidades tan dispares como la Sociedad de Pediatría, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, la Confederación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua y la Asociación de Internet de Nicaragua.

También fue proscrito el Centro de Estudios Internacionales, una organización fundada y dirigida por Zoilamérica Ortega Murillo, la hijastra del mandatario quien en 1998 lo acusó en los tribunales de abuso y violación sexual en un juicio que no prosperó y quien desde 2013 se encuentra exiliada con sus hijos en Costa Rica. Zoilamérica es hija biológica de la vicepresidenta Rosario Murillo.

En un comunicado, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos advirtió que el espacio para la sociedad civil en Nicaragua “sigue reduciéndose” con el cierre arbitrario estas organizaciones.

“Estas cancelaciones tienen por objetivo eliminar toda posible visión social y política que difiera a la establecida por el régimen”, ya que “no atañe solamente a organizaciones políticas o de defensa de derechos humanos, sino que organizaciones artísticas, periodísticas, educativas, científicas, medioambientales y sociales son también víctimas de la persecución”.

En marzo el gobierno cerró la Asociación Operación Sonrisa, que financiaba cirugías gratuitas para niños con labio leporino y que desde 2016 manejaba en el país siete consultorios equipados para medicina general, cirugía plástica, especialidades dentales, radiología, psicología y terapia de lenguaje. La asociación estaba vinculada con el empresario Piero Coen, quien participó en marchas de protesta en 2018.

Tras denunciar el “acoso sistemático (a la sociedad civil), característico de un Estado totalitario”, el Observatorio instó a las autoridades nicaragüenses “a revocar esta decisión y a garantizar, en todas circunstancias, el derecho a la libertad de asociación”.

El Observatorio es un programa creado en 1997 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) para ayudar a prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Las organizaciones no gubernamentales comenzaron a surgir en Nicaragua durante la revolución sandinista (1979-1990) y tuvieron su auge tras la llegada al poder de Violeta Chamorro (1990-1997), sucesora del primer gobierno de Ortega. Cientos de asociaciones no gubernamentales comenzaron a promover proyectos de desarrollo con fondos de la cooperación internacional.

Consultada por The Associated Press, la socióloga Elvira Cuadra dijo que Ortega busca por un lado tomar represalias contra agrupaciones sociales que, según el gobierno, participaron en un “golpe de Estado” en 2018 y que, por otro lado, pretende “destruir el tejido social a fin de eliminar la capacidad de fiscalizar el ejercicio del poder”.

“Mientras más débil es la sociedad, más se consolida un Estado autoritario”, señaló.

Cuadra reconoció que entre las organizaciones cerradas existen algunas de vieja data y poca actividad, pero negó que el gobierno pretenda “ordenar” el espectro de asociaciones civiles, pues “tampoco les dio oportunidad de ordenar su situación ni actualizar sus estados financieros”.