Uno de los principales diarios de El Salvador puso en su portada del miércoles pasado, en un recuadro, la noticia de que las detenciones bajo el régimen de excepción establecido en marzo -y ampliado en dos ocasiones- han superado todas las ocurridas durante 2021. En la misma edición, el encabezado principal fue “Bukele con 87 por ciento de aprobación”.

El titular periodístico aludía al tercer informe de gobierno del presidente Nayib Bukele, quien en marzo pasado, luego de decenas de asesinatos en un solo fin de semana, ordenó al Congreso aprobar el régimen de excepción que otorga poderes adicionales a las fuerzas de seguridad, suspende los derechos de asociación y reunión, además de extender a 15 días el tiempo que una personas puede estar detenida sin cargos.

“Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas”, dijo Bukele en su informe, aunque según organizaciones de derechos humanos e investigaciones periodísticas no hay evidencias de que el plan contra las pandillas esté destinado al éxito.

“Efectivamente, la popularidad del presidente Bukele es alta, pero que esa popularidad no puede ser utilizada para violentar los derechos humanos y de desmantelar las instituciones del Estado, porque lamentablemente en nuestra región ese es un camino que no tiene reversa”, dijo, en una rueda de prensa desde San Salvador, Erika Guevara, directora regional de AI.

Amnistía Internacional (AI) desplegó un equipo especial en la nación centroamericana para documentar lo que considera una “grave situación de violaciones a los derechos humanos” en la que participan todos los poderes del Estado.

Con el pretexto del combate a las pandillas, dice el informe de AI, las autoridades de El Salvador “han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias (durante la vigencia del régimen han sido detenidas 36 mil personas) y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado”.

Uno de los resultados de las detenciones masivas, es que El Salvador ha superado a Estados Unidos en el número de personas encarceladas. Actualmente, en la pequeña nación centroamericana hay mil 164 personas presas por cada 100 mil habitantes, contra 630 de EU. Esto significa que casi 2 por ciento de las personas mayores de 18 años está en la cárcel, lo que hace “inimaginable” la situación dentro de las prisiones, en las que ya se vivía un desastre por la sobrepoblación.

La directora de AI estuvo acompañada de representantes de organizaciones de derechos humanos salvadoreñas. Zaira Navas, de Cristosal, dijo que hasta la fecha no se sabe sobre los responsables “de las 87 muertes de ese fatídico fin de semana de marzo que dio origen al régimen de excepción”.

La activista salvadoreña informó que su organización ha recibido 850 denuncias desde que entró en vigor el estado de excepción, en su mayoría relacionadas con detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos. También, dijo, han recibido denuncias de 23 ejecuciones dentro de los penales, que son controlados por las pandillas.

Guevara se refirió al discurso que Bukele pronunció el último día de mayo, en el que afirmó que ganarán la guerra contra las pandillas. “Lo que viven las comunidades históricamente marginadas en este país es una realidad que dista de ese triunfalismo. Hoy se encuentran atrapadas entre la violencia de las estructuras criminales y las violaciones de derechos humanos ocasionadas por políticas fallidas, repetitivas, que nada tienen de innovadoras, pero que se ha perfeccionado para generar la tormenta perfecta”.

AI demandó al gobierno de Bukele poner fin al régimen de excepción y revertir las medidas legislativas y judiciales violatorias de los derechos humanos, entre ellas la que bajó la edad penal a los 12 años.