La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el presupuesto asignado a Instituto Nacional Electoral (INE) para el 2022, y ordenó a la Cámara de Diputados que elabore otro, donde justifique plenamente el recorte que se le aplicó o, de lo contrario, le otorgue la totalidad del financiamiento que solicitó originalmente, que era de 24 mil 649 millones 593 mil 972 pesos.
Por unanimidad, los ministros de la Primera Sala le dieron la razón al INE al resolver la controversia constitucional 209/2021, que el órgano electoral interpuso, a raíz de la decisión del legislativo para recortarles 4 mil 913 millones de pesos en su presupuesto original.
El INE se quejó de que, con este recorte, no le alcanzaría para realizar la consulta de revocación de mandato, sin embargo, al admitir a trámite la demanda, el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, les negó la suspensión y ordenó que hicieran el ejercicio ciudadano con los recursos que tuvieran disponibles.
Durante la discusión de este miércoles, la ministra Margarita Ríos Farjat, presidenta de la Primera Sala, expuso que era preferible enviar este asunto al pleno de la SCJN, sin embargo, la mayoría decidió que debería resolverse en esta instancia.
Así, se aprobó el proyecto del ministro González, cuyo tercer resolutivo señala: “se declara invalidez del decreto por lo que por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, en lo concerniente al presupuesto asignado al Instituto Nacional electoral, anexos 1 y 32, en el ramo 22 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 201”.
También ordena que “la Cámara de Diputados deberá analizar y determinar en sesión pública lo que corresponda respecto al anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Instituto Nacional electoral para el ejercicio fiscal 2022 dentro del lapso de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación”.
Esto no significa automáticamente que los diputados deberán revertir el recorte al presupuesto del INE, sino que justifiquen legalmente el porqué éste debería proceder o, de lo contrario, entregarles el financiamiento completo.
