Xalapa, Ver. Familiares de cuatro jóvenes que fueron desaparecidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz durante un operativo policiaco realizado el 25 de septiembre del 2015 en Coatzacoalcos, recibieron una disculpa pública del gobierno de Cuitláhuac García jimenez, como parte de la recomendación 170/2020, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En ese contexto, Rosa de Belen González Medrano, madre de Jacob Vicente Jiménez González, dijo que espera que este acto “sirva para que hagan conciencia, que se toquen el corazón antes de desbaratar familias, para que no haya más impunidad y quienes utilicen el uniforme para actos criminales no escapen a la justicia, que no tengan descanso hasta que sean llevados a los tribunales”.

González Medrano aprovechó la presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para recordarle que no ha rendido los resultados esperados la declaratoria de emergencia humanitaria realizada al inicio de su gobierno en 2018, que contemplaba un Programa Emergente para atender la crisis por desaparición de personas.

“Allá afuera el cumplimiento de la ley sigue siendo un tema pendiente (...), su gobierno reconoció la problemática con la declaratoria de emergencia humanitaria, tuvimos confianza en el gobierno que usted encabeza, pero la realidad es que esa declaratoria no ha sido difundida ni ha generado acciones”. 

También señaló que de acuerdo con los registros oficiales,  Veracruz tiene un promedio de 5 mil personas desaparecidas, de las cuales  943 personas, el 16 por ciento de los desaparecidos en la entidad ocurrieron durante la actual administración.

Señaló que si bien los primeros dos años de la administración el entramado institucional estaba dispuesto a escuchar a las familias, “no hay más espacios donde se garantice audiencia, verdad o justicia, lo invito a reflexionar lo importante retomar ese espacio de diálogo con los colectivos, y que esos diálogos sean estratégicos, productivos y se pueda evaluar las acciones que valgan la pena”.

Belén González dijo que la última vez que tuvieron una reunión de trabajo con el gobernador e instituciones de gobierno fue el 30 de septiembre del 2019, “desde entonces tenemos muchas cosas pendientes, necesitamos sentarnos a la mes a trabajar, necesitamos que las retomen , y que nos puede dar respuesta o nos puede indicar el camino”.

A Hugo Gutierrez Maldona, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Belén González le recordó la responsabilidad que tiene para hacer una institución confiable, “hoy por hoy el personal operativo de la institución que encabeza sigue cometiendo actos de abuso, arbitrariedad, de represión y de actos tan delesnables como la desaparición y la tortura”.

“Tiene un compromiso por construir una institución confiable, capacitada y garante del respeto a los derechos humanos. Y debe erradicar las prácticas donde se haga abuso de la fuerza.  Y debe hacer una revisión del personal que permanece activo, y que participó en hechos delictivos”.

A la Fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, Belén González, dijo que es necesario que fortalezca la oficina de Coatzacoalcos, "hay carpetas de investigación que no tienen un apéndice de avance, que los fiscales niegan las copias de las carpetas de investigación, que hay casos abandonados por falta de interés o capacidad, hay fiscales que continúan revictimizando a las víctimas, y se han cerrado carpetas cuando estas involucran a policías de la fuerza civil".

La disculpa pública del gobierno de Cuitláhuac García forma parte de las acciones para reparación del daño que comprende la recomendación 170/2020, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y que deriva del caso de desaparición de 35 personas entre mayo y septiembre del 2015, en donde participaron elementos estatales, que formaron parte del Operativo Blindaje Coatzacoalcos (OBC), que el 26 de mayo del 2015 puso en marcha el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. 

En el evento estuvo presente Alan García Campos, Coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien señaló que con la disculpa pública  “se reconocen los hechos atroces, se acepta la responsabilidad institucional del estado, se resignifica a las víctimas, a sus familiares, en un ambiente de respeto, sensibilidad y solidaridad y empatía a las víctimas presentes en los corazones de sus familiares”.

Las madres a quienes se ofrecieron disculpas fueron: Rosa de Belen González Medrano, madre de Jacob Vicente Jiménez González;  María Valencia Malpica, madres de Carlos Arturo Rojas Valencia y Gabriela Torres Barradas, hermana de Abraham Elester Torres Barradas; y de forma simbólica la madre de Camilo Efraín Silva Gómez, Rosa María Gómez, fallecida en 2020.