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Emplazan a FGR para que diga si va a judicializar el caso de Pío López Obrador

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Pío López Obrador, José Ramón López Beltrán y Ramiro López Obrador, hermanos e hijo del presidente durante un evento en Chiapas, en 2012. Foto Cuartoscuro / Archivo
30 de mayo de 2022 14:02

Ciudad de México. Un juez federal emplazó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que en 60 días responda si va a judicializar o no la investigación de la Fiscalía Especial en Delitos Electorales (Fede) sobre las denuncias en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuestamente recibir financiamiento ilícito para campañas políticas.

El juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal emitió esta resolución al resolver un amparo promovido por Pío López Obrador, quien demandó a la FGR aclarar si sigue o no abierto el caso en su contra.

El juez Julio Veredin Sena Velázquez le otorgó la protección de la justicia federal, quien consideró que la indefinición de la fiscalía deja al quejoso “en total incertidumbre respecto del derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia pronta y expedita, siendo que en un Estado de derecho no puede admitirse que la autoridad aplace indefinidamente la resolución procedente por falta de actuaciones”.

La investigación en contra de Pío López Obrador comenzó luego de que se publicaran en internet un video donde aparece, acompañado de David León Romero, ex coordinador Nacional de Protección Civil, en un restaurante, recibiendo bolsas de papel que supuestamente contenían dinero.

En 2020, la Fede hizo público que por estos hechos inició una investigación, sin embargo, a la fecha no la ha judicializado, por lo que el afectado alega que esto viola su derecho de acceso a la justicia y lo mantiene en la indefinición jurídica.

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El Instituto Nacional Electoral también solicitó a la FGR copia de esta carpeta de investigación, sin embargo, la fiscalía acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar entregarla, obteniendo de los ministros una suspensión provisional que le evita cumplir esta petición, hasta que el máximo tribunal resuelva el fondo del asunto.

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