Ciudad de México. Universidades públicas y privadas elaboran en su conjunto un Plan de Acción de Igualdad de Género, que contempla medidas para la erradicación de toda forma de violencia, en particular la ejercida contra las mujeres, así como mecanismos de prevención, atención y sanción.
Esto responde a lo establecido en la Ley General de Educación Superior que en sus artículos 42 y 43, señala que las instituciones deberán promover la protección del bienestar físico, mental y social de sus estudiantes y del personal que labore en ellas.
En años recientes, movimientos feministas y estudiantiles han exigido a sus universidades espacios libres de violencia de género y la atención oportuna a sus denuncias de acoso y hostigamiento sexual, así como de conductas misóginas. Han demandado también la inclusión de contenidos curriculares que fortalezcan la prevención de estos casos.
El Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces) aprobó en febrero pasado la creación de una comisión para la elaboración del citado Plan, que es encabezada por la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Rosa María Torres Hernández.
En su primera sesión de trabajo el pasado 13 de mayo aseguró que el plan de acción “será una referencia para toda institución de educación superior (IES) para cumplir la normatividad vigente”.
Los temas centrales del Plan son: impulsar cambios curriculares y normativos; erradicación de toda forma de violencia; incorporación de espacios de atención a la violencia de género; aplicación de contenidos educativos de género en la currícula y fomento a investigaciones multidisciplinarias en la materia.
Además se deberán tener condiciones de seguridad para la movilidad de las alumnas en los campus, asegurar su permanencia, y promover una adecuación de espacios seguros virtuales y de instalaciones.
Las denuncias de abuso, acoso y hostigamiento sexual contra mujeres en los planteles universitarios se incrementó recientemente, como lo demuestran las cifras reportadas por la Universidad Nacional Autónoma de México.
La Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, informó en marzo pasado, que entre 2019 y 2021 se atendió a mil 211 personas, de las cuales sólo en 245 se inició un procedimiento.
Desde 2018, estudiantes de diversos campus han tomado sus instalaciones para exigir justicia y atención a un fenómeno que consideran se ha recrudecido. Algunas de estas manifestaciones han derivado en suspensión de cargos a profesores y destitución de funcionarios e investigadores.
El documento base, presentado en sesión ordinaria de la Conaces, reconoce que, si bien las IES tendrán flexibilidad para realizar modificaciones a líneas de acción y estrategias, su adaptación “no puede implicar cumplir un estándar de protección menor al que se requiere por ley”.
Según datos del 2020 del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las IES, la mayoría de las universidades tienen pocos avances en el cumplimiento de estándares para la igualdad y atención a la violencia de género. Entre ellos, contar con legislación con perspectiva de género, cuyo progreso es de 1.6 puntos, de un máximo de cinco.
