Ciudad de México. En los 11 estados de la República donde aún no opera la reforma laboral, “hay un vacío en la impartición de justicia”, que ha propiciado que las empresas continúen con contratos de protección de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aseveraron asesores laborales de sindicatos independientes.

Ejemplo de ello es la compañía Panasonic Automotive Systems, en Reynosa, Tamaulipas, que firmó un contrato colectivo (CCT) con un sindicato cetemista que fue depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pese a realizarse el proceso de votación, que establece el nuevo ordenamiento laboral, para proporcionar la constancia de representatividad.

Este documento, indispensable para negociar las nuevas condiciones de trabajo, fue otorgado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 20/32 (SNITIS), tras ganar la representación de los trabajadores con 80 por ciento de los sufragios, en abril pasado.

Por ello, como dispone la reforma laboral, el SNITIS emplazó a huelga a Panasonic para negociar la firma de un nuevo CCT, pero hasta el momento no ha habido ningún acercamiento con la empresa, ya que ésta insiste en “imponer” el contrato de protección, indicó Susana Prieto Terrazas, asesora laboral de la organización independiente.

El SNITIS solicita 40 por ciento de incremento al tabulador salarial, dos comidas para cada trabajador durante una jornada laboral, y un bono de 100 pesos diarios para transporte, así como la conformación de una comisión mixta “para que no haya despidos arbitrarios”, explicó la también diputada federal de Morena.

A lo anterior, se suma que el caso en la empresa Panasonic detonó una tercera queja laboral del gobierno de Estados Unidos en el marco del T-MEC, para que las autoridades mexicanas revisen la presunta denegación de derechos laborales, tales como la libertad y democracia sindical.

El CCT al que alude la empresa “no surte efectos”, ya que incluso el CFCRL –dijo la abogada– negó su registro al acreditar que no contaba con la constancia el Sindicato Industrial Autónomo de Operarios en General de Maquiladoras de la República Mexicana (SIAMARM).

La también diputada federal de Morena explicó que el SIAMARM emplazó a huelga a la empresa en octubre de 2021, después de que los trabajadores pusieron fin al anterior contrato colectivo mediante un proceso de legitimación.

Pero “terminaron de firmar el CCT hasta febrero pasado y fue depositado ante la Junta Local, cuando ya no podían hacerlo”, ya que desde el 3 de noviembre de 2021 el CFCRL inició las funciones registrales a nivel nacional de contratos colectivos, subrayó.

“La contradicción debe resolverse haciendo valer lo que está determinado a nivel federal, pero esta laguna legal está abriendo una rendija por la que las viejas centrales puedan ir a juicio y alargar más de lo que de por sí son ya los procesos de legitimación”, e impedir que se traduzcan en nuevos CCT con mejoras laborales, enfatizó Héctor de la Cueva, asesor laboral de los obreros en General Motors de Silao, Guanajuato.

A tres años de la reforma laboral, “sin una estrategia consolidada de cierre de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (Federal y locales), junto con el despegue operativo óptimo de los nuevos Centros Federales Laborales, el resultado esperado a la vuelta del siguiente año es un cuello de botella y confusión administrativa que retarde la solución de controversias y, por tanto, alargue el acceso de los trabajadores a la justicia”, apunta un análisis del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).

Prieto Terrazas explicó que para resolver la controversia, explicó PrietoTerrazas, la demanda de titularidad de CCT fue radicada en la Junta Federal de Conciliación, al tratarse de una empresa que produce partes eléctricas para la industria automotriz, como ocurrió en el caso de la empresa de autopartes Tridonex.

Al respecto, explicó, la CTM obtuvo un amparo donde se le fijó una fianza de un millón de pesos y una contra garantía similar al SNITIS, quien carece de recursos para cubrir la cantidad. La Junta Federal, señaló, está “violando el interés social de la mayoría de los trabajadores”.

Con el amparo, dijo, se detiene la negociación de un CCT en la planta Tridonex y “hasta que no se resuelva en definitiva”, el SNITIS podrá administrar el nuevo documento.

Rosario Moreno, secretaria general del SNITIS, cuestionó a las autoridades laborales: “por qué los protege (a los sindicatos cetemistas), por qué piden una multa tan alta; nosotros no tenemos cuotas,vivimos al día, cómo se atrevé a pedirnos más de un millón de pesos”.

“La CTM sí puede pagar la fianza, pero de dónde quieren que un sindicato independiente la cubra; eso es proteccionismo para el sindicalismo blanco en el país”, expuso la asesora laboral.

De la Cueva consideró que se habla poco de la responsabilidad de las empresas y apuntó: “para que ese tipo de mafias puedan hacer esos trucos, tiene que haber una empresa involucrada, es decir no sólo es un problema de los esfuerzos de la CTM por perpetuarse, es la necedad de las compañías de seguir tratando con esas viejas mafias corporativas”.

En Tamaulipas, uno de los estados que concentra la industria maquiladora, la tercera reforma laboral entrará en vigor en octubre próximo, luego de la prórroga de cinco meses que solicitaron las autoridades del trabajo.