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Sociedad San Pablo incumple en reparación de daño a víctima de abuso sexual

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Persona en la Catedral Metropolitana de la CDMX en imagen de archivo. Foto José Antonio López
26 de mayo de 2022 21:34

Ciudad de México. Tras el anuncio hecho por la Sociedad San Pablo, sobre el retiro del ministerio sacerdotal del mexicano Juan Arcadio Huerta Ibarra, la víctima del ahora ex religioso, José Leonardo Araujo Araque, lamentó que dicha congregación “en lugar de ofrecer una disculpa por el crimen cometido (pederastia clerical)”, se esmere en hablar de su “situación económica precaria” a fin de justificar no “cumplir a cabalidad con la reparación integral del daño”.

En un documento el venezolano, quien fue agredido sexualmente por el ex paulino, hace poco más de dos décadas, cuando tenía 13 años de edad, refiere que “ustedes expresamente mencionen la situación económica precaria que como institución religiosa presuntamente viven, lo cual interpreto como un argumento para justificar a priori que no se cumpla a cabalidad con la reparación integral del daño infligido a mi persona”.

También critica que la orden pusiera en duda su versión. “La Sociedad San Pablo menciona que nuestra provincia de México-Cuba fue objeto de escrutinio mediático al difundirse el caso de una probable víctima de abuso´, con lo cual se antepone el cuidado de la imagen pública de la institución y no el dolor de quien sufrió el abuso, además de que se pone en duda la veracidad mi palabra sobre los hechos que ya fueron canónicamente juzgados y que desembocaron en la expulsión del acusado del estado clerical”.
La Sociedad San Pablo emitió una comunicación en la que expone que “según nuestras fuerzas, en un escenario de crisis económicas recurrentes, pandemias y reducción del personal efectivo de la Provincia de México-Cuba, estamos trabajando en la propuesta de reparación integral del daño ocasionado por el abuso”.

Araujo Araque, destaca en el escrito que “me pregunto si ustedes entienden por integral lo que a su criterio y según sus fuerzas ustedes mismos dispongan, porque, si nos apegamos a derecho, la reparación integral debe ser proporcional al daño perpetrado, no a la capacidad económica del abusador y sus responsables solidarios, que para el caso es la Sociedad San Pablo”.

Sobre ello, cita al papa Francisco que ha dicho que “nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado (…) nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse”.

El sobreviviente de abuso sexual, sostiene que “es hora de que la iglesia católica institucional dé muestras claras, no solo de su arrepentimiento en tanto deber moral, sino también de su intención inequívoca de asumirse como sujetos obligados de derecho en la lucha por erradicar la lacra de los abusos sexuales, esos delitos recurrentes que han socavado la credibilidad de la institución y de sus ministros ordenados”.

Spes Viva, la agrupación que acompañó a Araujo Araque respaldó lo expresado por la víctima
“en mi calidad de sobreviviente de abuso sexual por parte del hoy ex sacerdote Juan Huerta Ibarra, manifiesto el siguiente posicionamiento en relación al texto denominado Sobre la separación del ciudadano Juan Huerta Ibarra del sacerdocio y de la Sociedad de San Pablo, y firmado por presbítero doctor Rafael González Beltrán, vocero de la Provincia México-Cuba de la Sociedad San Pablo, texto que considero revictimizante”.

El sobreviviente de pederastia clerical expresó su profundo pesar, por el ehcho de que “ustedes (la Sociedad San Pablo) de forma expresa sostengan que tuvieron una actitud de sospecha respecto a mis intenciones. Es comprensible, que lo más fácil -aunque poco comedido- sea dudar; pero ésta no es una situación cotidiana, sino que estamos ante hechos de suma gravedad que demandan atención cuidadosa, bajo estándares profesionales, y ante todo exigen mostrar una actitud compasiva, de acogida y respeto por el dolor de la víctima, en franco apego a los valores evangélicos que ustedes afirman profesar.”

Además “me resulta incómodo y oprobioso el que ustedes revelen las atenciones psicológicas y psiquiátricas que han tenido conmigo. Y es que en el texto indican que “la Región de Venezuela, desde que se realizó la denuncia ha pagado terapias psicológicas y medicinas al señor José Leonardo N”.

El afectado citó que “esto es una obligación básica conforme al derecho, como consta en la carta. apostólica en forma de Motu Proprio del Sumo Pontífice Francisco “Vos Estis Lux Mundi”; y en segundo lugar, esto no nació como acto volitivo de la Sociedad San Pablo, sino que hube de solicitarlo por escrito y esperar que ustedes, según sus procesos, burocracia y tiempos lo aceptaran, marginando la grave situación de salud mental que mi persona atravesaba”.

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