Ciudad de México. En medio de una “crisis de derechos humanos, de violencia en contra de las mujeres: feminicidios y desapariciones”, los refugios para la atención de mujeres víctimas de agresiones y de sus hijos, están sin recursos, debido a procesos “burocráticos” y de “regateo” del presupuesto, denunció Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).

En entrevista con La Jornada, la psicóloga feminista denunció que ya llevan “más de 80 días” sin dinero para operar los 75 refugios y centros externos, lo que podría derivar en el cierre de estos espacios.

Tras señalar que esta situación es “inadmisible” dijo que al parecer esto se debe a que dichos espacios que reciben a las mujeres violentadas y a sus hijos, desde este año, fueron reubicados en la Secretaría de Gobernación, en específico a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Narró que antes dependían de la Secretaría de Salud, pero desde 2020 fueron transferidos a la Secretaría de Bienestar, en específico al Instituto Nacional de Desarrollo Social, el cual fue “desaparecido, entonces ahora dependemos de la Conavim.

“No se ha liberado el presupuesto 2022, hay más de 80 días de retraso del proceso, y no sabemos por qué. Nos imaginamos que tiene que ver con el traslado de los refugios a la Conavim. Esto es inadmisible que ante la violencia feminicida, las desapariciones de niñas, y las agresiones de género, se sigan priorizando procesos burocráticos. Nos están pidiendo documentos que no estaban en los lineamientos, que son indicaciones del área jurídica de la Secretaría de Gobernación. Todo esto son procesos burocráticos que transgreden la vida y seguridad de las mujeres y la ley. Es una situación crítica”.

Indicó que han recurrido al “endeudamiento” y a algunas “donaciones”, pero advirtió que la situación no se sostiene. Incluso debido a los atrasos en los pagos a las profesionistas que colaboran con la RNR, ya están “renunciando algunas”. Entre las especialistas hay “psicólogas, trabajadoras sociales, médicas, enfermeras, abogadas, contadoras y educadoras. A todas se les paga un sueldo mensual, y no se les ha pagado desde hace dos meses y medio”.

Con esta demoras en la entrega del presupuesto se están “transgrediendo los derechos de más de 10 mil mujeres e infantes a nivel nacional, principalmente su derecho a la vida. Es urgente garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencias y priorizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos, entre ellos, contar con espacios de protección y atención especializada lo cual, debe de estar por encima de cualquier proceso burocrático”.

La RNR emitió un pronunciamiento en el que expuso que “en este año 2022 al igual que en el 2019, los planes del gobierno en turno no priorizaron los derechos humanos de las mujeres y sus hijas e hijos, no analizaron junto con las organizaciones no gubernamentales e instancias expertas la viabilidad de las acciones que, buscando centralizar los servicios están poniendo en riesgo la operación de los mecanismos que previenen feminicidios y restituyen derechos como lo son los refugios”.

Consideró que “la transferencia del Programa de Refugios de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría de Gobernación era innecesaria en un periodo donde el proceso estaba ya avanzado y perfectamente cuidado en el Indesol, estando en las condiciones de firmar en marzo con la Secretaría de Bienestar los convenios correspondientes, proceso que se detuvo totalmente por esta insistente transferencia”.

La RNR precisó que “acuerdos no cumplidos, retrasos y demagogia es lo que hemos recibido, más priorización omnipotente de los procesos burocráticos por encima de los derechos humanos, solicitudes diarias improcedentes y que contravienen a los lineamientos del programa de refugios que solo postergan la liberación del presupuesto”.

Esto se traduce en “endeudamiento, limitación de recursos y de insumos para cubrir las necesidades de las mujeres, niñas y niños, desgaste emocional de las profesionistas, quienes no han recibido sus honorarios y a quienes el área legal de la Secretaría de Gobernación, sin sustento alguno, no ha autorizado cubrir todos los meses laborados, según nos han informado en la Conavim, es el área que les marca los procesos”.