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Familiares de dos eperristas desaparecidos demandan a SCJN resolver amparo

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Manifestantes protestan frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en demanda de la presentación de los desaparecidos de 2007 en el estado de Oaxaca. Foto Cuartoscuro / Archivo
25 de mayo de 2022 13:57

Familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desparecidos el 25 de mayo de hace 15 años, entregaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), firmas de ciudadanos y organizaciones sociales y políticas, en demanda de que los ministros resuelvan el amparo que atrajeron hace dos años, donde se exige al gobierno federal que tome medidas para resolver el caso.

Sandino Rivero, abogado de las familias de las víctimas, explicó que promovieron este amparo desde 2013 y seis años después recibieron un fallo de primera instancia que señaló la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la policía de Oaxaca en estos hechos.

Por ello ordenó que se permita buscar a los desaparecidos dentro de instalaciones militares, que se cite a declarar a los mandos del Ejército responsables de la zona cuando ocurrieron los hechos, y que se cree una comisión de búsqueda específicamente para este caso.

Sin embargo, tanto la Sedena como la entonces Procuraduría General de la República impugnaron este fallo, cuya revisión fue finalmente atraída por la SCJN, quien sin embargo mantiene congelada su decisión.

En su escrito, los familiares de los desaparecidos piden que la ministra Margarita Ríos Farjat, responsable analizar el asunto en la SCJN, los reciba en audiencia para escuchar sus quejas.

Margarita Cruz, hermana de Gabriel Cruz, pidió también que la ministra haga público su proyecto de sentencia, por tratarse de un caso vinculado directamente a la defensa de los derechos humanos.

A su vez, Nadine Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes, exigió que la SCJN deje de dilatar este proceso.

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“Si ellos están constantemente denunciando supuestos casos de corrupción y están a favor de la transparencia, ¿por qué les molesta?", mencionó.

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La reforma se debe concretar “sin imponer nada, sin excluir que participen, que se someta al escrutinio público los actuales jueces, magistrados y ministros, y que el pueblo decida”.

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Desde hace dos años ya no se asignan presupuestalmente recursos para este fin porque con los recursos revolventes se ha logrado consolidar el programa.
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