Ciudad de México. Los jueces elevan la calidad del sistema de justicia penal en Querétaro y San Luis Potosí, mientras que, en general, el desempeño de los ministerios públicos, defensores y asesores de víctimas presenta todavía varios aspectos susceptibles de mejora, advirtieron especialistas durante la presentación de Calidad de la justicia: Observatorios de Audiencias y Resoluciones Judiciales, un estudio de México Evalúa.

Al observar los resultados por tipo de operador, los mejores calificados fueron los jueces, con un puntaje promedio de 81 de 100 puntos. Los ministerios públicos tuvieron una calificación de 74.82; la defensa, 60.22 puntos y la asesoría​ de víctimas obtuvo la puntuación más baja, con 27.16.

Para la evaluación, realizada para esta edición del observatorio en Querétaro y San Luis Potosí, se analizaron 32 procedimientos penales completos, desde la audiencia inicial, hasta la sentencia.

La muestra contempló casos rutinarios, entre ellos robos, así como de alto impacto social, como homicidios, secuestros o violaciones. Se analizaron algunos aspectos, como el apego a los principios del sistema de justicia penal acusatorio; la gestión y el uso del tiempo en las audiencias; la calidad del litigio; el respeto a los derechos de las partes, así como la calidad de las sentencias.

En cuanto al apego a los principios del sistema de justicia penal acusatorio, se observó que Querétaro obtuvo la mejor calificación, con 77 puntos según la metodología, mientras que San Luis Potosí obtuvo 70.

El documento señala que existen importantes aspectos de mejora, especialmente respecto a la perspectiva de género. “En este tipo de casos se observa que no se terminan de internalizar en la práctica los enfoques de atención diferenciados de la violencia de género en contra de las mujeres y niñas, ni se aplican suficientemente los protocolos de actuación específicos para delitos como el feminicidio”.

Durante la presentación virtual, Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, señaló que en general, el sistema de justicia penal no está siendo capaz de generar respuestas diferenciadas para los casos. “No encontramos un desempeño distinto entre los casos rutinarios y los de alto impacto social, en los que las autoridades deberían de cumplir con deberes de protección reforzados en materia de derechos. De hecho, la calidad de la justicia en estos casos es menor”.