Monterrey, NL. La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Nuevo León (UIFE) quedará separada del Poder Ejecutivo, para que sean los integrantes del Congreso Local quienes nombren al titular de este organismo fiscalizador, cuyo periodo será de siete años, de acuerdo con una iniciativa en trámite.

La Comisión de Puntos Constitucionales del Poder Legislativo de la entidad analizará este miércoles la iniciativa de Waldo Fernández González, diputado de Morena, que le quitaría al gobierno del estado la potestad sobre la UIFE, para que los legisladores decidan a quién colocar al frente de lo que sería un organismo autónomo.

En su momento, Fernández González manifestó que además de darle autonomía a ese ente, se evitará que sea utilizado como instrumento para fiscalizar selectivamente a personajes o instituciones públicas.

De acuerdo con el orden del día, la comisión enlistó dos iniciativas constitucionales que tienen que ver con quitarle facultades al estado, en específico la UIFE. “La Unidad de lnteligencia Financiera será un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; una ley determinará su organización, funcionamiento y competencia”, dijo.

Agregó que “será objeto” de esa entidad “obtener, generar, analizar y consolidar información financiera, fiscal, económica y patrimonial para la prevención e identificación de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

En el último párrafo de la propuesta, se establece que “su titular será designado por el Poder Legislativo en los términos que establezca la ley y durará en su encargo siete años”.

Los recursos económicos y materiales y todo el personal adscrito pasará a la nueva Unidad de lnteligencia Financiera (UIF), en los mismos términos que hayan sido contratados, debiendo respetarse los derechos laborales.

"Lo que se busca con esta propuesta es que la UIFE, que actualmente se tiene en el estado, sea un organismo constitucional autónomo que coadyuve activamente y se coordine con la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaria de Seguridad Pública y el lnstituto Registral y Catastral, entre otras dependencias, en el intercambio de información”, expuso Fernández González.

Esto permitirá, detalla la exposición de motivos, desarrollar estrategias para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante la generación de información consolidada que facilite la investigación de los delitos.

Actualmente la UIFE, a cargo de Bernardo González Garza, ha requerido información al municipio de Santa Catarina, sobre las administraciones panistas de Víctor Pérez Díaz y Héctor Castillo Olivares, actuales diputados federales albiazules, tras la renuncia del actual alcalde Jesús Nava Rivera, quien renunció a su militancia panista.

También ha requerido información al ex secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, sobre presuntos desvíos de recursos durante su gestión en el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón.