San Cristóbal de Las Casas. A pesar del “deslinde y reparto territorial” entre los habitantes del municipio de Aldama y la comunidad Santa Martha, perteneciente a Chenalhó realizado el 27 de abril, “los disparos no se detienen”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). 

En un comunicado agregó que “en lo que va del mes de mayo se han recibido 33 reportes de ataques armados” de habitantes de Santa Martha, en contra de localidades de Aldama.  

Manifestó que el mismo 27 de abril en que se realizó el “deslinde y reparto territorial”, se recibieron cuatro reportes por parte de los representantes de los 115 comuneros de Aldama sobre disparos de arma de fuego hacia las comunidades de Juxton, Ch’ivit, la cabecera y Stzelejpotobtik”. 

Dijo que “los disparos provinieron de los puntos de ataque el Templo y Chalontik, Ontik, el Ladrillo, Ontik, Xchuch te'1 y 2, T'ul Vitz, el Colado y el Chino Fracción Ak'tik 2; el 29 de abril se recibió un reporte y el 30 de abril, cuatro”.  

Sostuvo que “abril fue el mes con menos agresiones armadas que recibió la población que habita en los limítrofes de Aldama y Chenalhó con 100 reportes de agresiones armadas, mientras que en marzo fueron 437 reportes de ataque armado; 346 en febrero y 230 en enero”. 

Recordó que en enero dos personas fueron alcanzadas por proyectiles de armas de fuego, de las cuales una perdió la vida, mientras que en marzo, una niña de 9 años de edad resultó herida”. 

Reiteró que “las constantes agresiones agravan de forma cotidiana la seguridad de las familias; así lo expuso una de las integrantes de la representación de los 115 comuneros durante una reunión de incidencia nacional e internacional sostenida el día 4 de mayo”. 

Subrayó: “Queda claro que las acciones que ha implementado el Estado mexicano para atender el problema agrario no han surtido efecto, ya que la violencia continúa y agrava las violaciones a derechos humanos de las niñas, niños, mujeres y hombres de la localidad”. 

Sostuvo que “mientras no se investigue ni se identifique a las personas responsables de los ataques, así como el origen, conformación, estructura y financiamiento del grupo armado, la población seguirá en la inseguridad y zozobra, lo que constituye un entorno torturante, por continuidad y permanencia de las diversas violencias contra la población”. 

El Frayba manifestó su “preocupación por las acciones ineficaces del Estado” y reiteró “la urgente necesidad de garantizar la vida, la seguridad, la armonía y las paz tanto en las comunidades de Aldama, así como en el resto del territorio chiapaneco que está siendo desolado por la violencia”. 

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, informó por otra parte que los hermanos Abraham y Germán López Montejo, “fueron liberados tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad por un delito que no cometieron”. 

Recordó que “fueron detenidos el 17 de enero de 2011. Después de su larga lucha para demostrar su inocencia y las graves violaciones a derechos humanos cometidos en su contra, el 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal dictó libertad inmediata por falta de elementos para procesar´’, es decir, durante estos años existió insuficiencia de pruebas para demostrar la responsabilidad de los hermanos Abraham y Germán”. 

Desde marzo de 2019, ambos “expusieron su vida al realizar una huelga de hambre de 135 días, junto a sus compañeros Marcelino Ruíz Gómez, Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez para demostrar la fábrica de culpables que impera en Chiapas y más de tres años después salieron libres del Centro de Readaptación Social número 5 de San Cristóbal de Las Casas”, aseveró.