Ciudad de México. El gobierno federal podrá seguir manteniendo como reservados los datos sobre la compra de vacunas contra el covid-19, pues en un contexto de pandemia esta información debe considerarse como de seguridad nacional, sentenció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por mayoría de ocho votos, el pleno de ministros ordenó revertir las resoluciones que al respecto había tomado el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y mantener en reserva los contratos y órdenes de pago de estas vacunas, por un plazo de cinco años.

El ministro ponente, Mario Pardo Rebolledo, explicó: “en el caso se actualiza la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país”.

No obstante, agregó que este no implica que se puedan generar versiones públicas con la información de los contratos que las autoridades sanitarias consideren que no supongan un riesgo para la seguridad nacional.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá apoyó la resolución, advirtiendo que publicar la información de estos acuerdos puede afectar el acuerdo de confidencialidad con los laboratorios fabricantes de las vacunas y poner en riesgo el suministro.

Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek planteó que incluso la Organización Mundial de la Salud reconoció que existe una distribución injusta de las vacunas contra el Covid-19 debido a la compra masiva de dosis por parte de los países con mayores recursos, por lo hay un contexto de competencia internacional para acceder al fármaco, lo que justifica el argumento de seguridad nacional.

“Entonces, toda vez que no hay una declaratoria de finalización de pandemia y que, más bien, lo que se ha referido es que se trata de un virus impredecible, creo que aquí hay que atender justamente el contexto internacional", comentó a su vez la ministra Margarita Ríos Farjat.

La información que la SCJN acordó que se mantenga en reserva por cinco años tiene que ver con los contratos y órdenes de pago para adquirir las vacunas de Pfizer, Biontech, AstraZeneca,  Cansino, Sputnik, Serum y Sinovac.