Chilpancingo, Gro. Al cumplirse siete años y ocho meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, la Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó impulsar un nuevo plan de acción que iniciará el próximo 26 de septiembre, y concluirá el 8 de junio en la Ciudad de México.

Reunidos el sábado en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa con sede en Tixtla, los padres de los jóvenes desaparecidos, apoyados por las organizaciones sociales, acordaron que con el nuevo plan se realizarán movilizaciones en diversas ciudades del estado, y en la Ciudad de México.

Durante la asamblea, Mario César González, a nombre de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, destacó el valor que tiene la lucha por la presentación de los 43 y la transformación del país.

Emiliano Navarrete, familiar de los 43, presentó un informe sobre la investigación que empezó la presente administración del gobierno federal, en donde señaló que luego de tres años “es notorio el planteamiento de la investigación sobre todo a partir de que se hizo visible la responsabilidad de los mandos militares”.

Dijo que, a pesar de los elementos que pusieron en la mesa del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “en la que se demostró la participación del Ejército y la Marina, no se nota voluntad política del actual gobierno para resolver el caso, lo que se expresa en la ausencia de reuniones con el presidente de la República”.

Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familia, dijo que “todo indica que tanto el Ejército como la Marina tuvieron pleno conocimiento de lo ocurrido en Iguala en 2014. No hay duda de ello”.

El problema es que ambas instancias se niegan a cooperar con la investigación a pesar de la supuesta instrucción presidencial, de manera que hay muchos indicios del monitoreo por parte del Ejército en los acontecimientos del 2014, y más tarde del papel de la Marina en la adulteración de la escena del crimen. La información se sigue escatimando y se adultera y dosifica para evitar que surta efectos jurídicos.”

Además consideró que “la actual etapa del movimiento debe enfrentarse hacia la movilización social y política, pues la lucha legal ya llegó a su límite”.

Por otra parte, doña Hilda Leguideño dio lectura al posicionamiento de los padres de familia, en donde denunció que las investigaciones que lleva a cabo el gobierno no han logrado esclarecer los hechos ni su paradero. “Las últimas indagatorias establecen que la Marina habría manipulado la escena criminal en el basurero de Cocula”.

Agregó que otros datos de prueba en poder del Ejército mexicano dan cuenta que esta institución participó de manera directa e indirecta en la desaparición de los estudiantes, y que posee información de todo lo que ocurrió, sin embargo, “se ha negado aportar la información a las autoridades que investigan”.

El tercer informe del GIEI, “muestra que las fuerzas armadas poseen información relevante del caso, sin embargo, la han ocultado; las autoridades encargadas de investigar poco han podido hacer para obligar al Ejército mexicano a aportar la información relacionada, por el contrario, los acuerdos del ejecutivo federal con esta institución permiten concluir que el gobierno no está dispuesto a tensar las relaciones, mucho menos permitir que sean procesados, pese a que públicamente el presidente ha reafirmado su compromiso de esclarecer los hechos y castigar a los culpables de este crimen”.

Por ello concluyeron que sólo con la movilización popular se podrá saber la verdad de lo que ocurrió. “Pero también estamos conscientes que solos no lograremos justicia, es menester que las organizaciones sociales y demás personas nos articulemos para lograr verdad y justicia”, dijo Leguideño.