Ciudad de México. Con la finalidad de evitar intentos de corrupción y extorsión, y también para “empoderar” a los verificadores sanitarios, se los dotará de cámaras de videograbación de solapa, informó Alejandro Svarch Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En la presentación de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario, la cual busca combatir la corrupción de esa rama del sector salud, el funcionario destacó que esta “innovación regulatoria”, es un “esfuerzo histórico”, pues hasta ahora no se había utilizado en este tipo de personal. Hasta ahora en el país, solo unos pocos elementos de ciertas corporaciones policiacas han usado estos dispositivos.

Svarch, destacó que “la videograbación representa un esfuerzo histórico de la Comisión, que sobre todo busca brindar acción regulatoria, certeza regulatoria y garantizar la integridad. Al tener todas las pistas y operaciones de nuestros verificadores grabadas, podemos eliminar intentos de corrupción extorsión o abusos de poder, pero también empodera a los servidores públicos profesionales especializados”.

Destacó que “muy pronto”, se perfila que antes de que acabe este año se contará con esta “nueva medida de seguridad para protegernos a nosotros mismos, y a la institución. Con visitas grabadas tendremos la certeza y la evidencia de que lo que dictaminamos, sancionamos y vigilamos, será siempre respaldado, y queda como un elemento más para la dictaminación sanitaria”.

Remarcó que “las cámaras de solapa”, que son una de las medidas que se desprenden de la estrategia anunciada, “son una nueva herramienta de trabajo que todos tendremos, muy pronto, y que todos los verificadores tendrán en sus chalecos” y celebró que se esté “aprovechando la última tecnología”.

Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), indicó que “la esfera de competencia de la Cofepris resulta particularmente proclive a los hechos de corrupción, dada la discrecionalidad en la ejecución de los procesos de operación y autorización sanitaria”.

No obstante, destacó que la discrecionalidad posee una “vertiente positiva”.

“La discrecionalidad tiene un aspecto positivo, que es atender de acuerdo al objetivo que se pretende”, pero advirtió que “mal entendida, la discrecionalidad puede ser interpretada como un ámbito de decisión no regulado, que abre espacios a una libertad absoluta de elección por parte de la administración, sin que esta justifique sus decisiones, lo cual termina por convertirse en una licencia para la arbitrariedad, y en un caldo de cultivo para la corrupción y la ineficacia”.

Sostuvo que en el sistema sanitario esa discrecionalidad mal ejecutada “propicia entre otras irregularidades: el incumplimiento de los plazos, alargamiento innecesario de los trámites, simulación, ineficacia de los actos de verificación, emisión de autorizaciones sin el debido cumplimiento de las normas y componendas para la emisión de dictámenes que favorecen intereses privados en contra del interés de la salud de los habitantes.

“Esta discrecionalidad es la que busca evitar la estrategia que hoy se presenta, la cual se enfoca en aumentar la eficacia y la eficiencia de las acciones de regulación, control y fomento sanitarios, prevenir y combatir la corrupción”.

También la estrategia contempla el establecimiento de mejores “mecanismos de control”, los cuales, aseguró, “no involucrarán mayor burocracia ni pérdida de tiempo”.