Han pasado al menos siete años de que miles de familias campesinas de ejidos del norte de Chihuahua han denunciado que la familia LeBarón roba el agua de la región, con la apertura de pozos ilegales que ahora buscan electrificar, y la respuesta ha sido la emisión de 20 órdenes de aprehensión a quienes se oponen a esa irregularidad, indicaron integrantes del Barzón y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, advirtieron que eso ha llevado a que se sequen los pozos de agua potable de al menos tres comunidades y ninguna autoridad ha puesto un alto a la extracción ilegal del líquido, a pesar de la crisis por las sequías recurrentes de la última década.
Martin Solís de El Barzón, dijo que desde el 2012 varios productores agrícolas con concesiones legales para extraer líquido del subsuelo de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, vieron el abatimiento del acuífero y la reducción de sus cosechas, por lo que iniciaron un movimiento para exigir a las autoridades que cancelaran más de 400 pozos ilegales.
El ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura, es uno de los más afectados por la sobreexplotación de la cuenca, a lo que se suma que desde 2012 se enfrentan a una empresa minera canadiense que pretendía instalarse en su territorio y realizar explotación a cielo abierto.
Solis dijo que en la región hay concesiones de agua del subsuelo por mil 750 millones de metros cúbicos, para sembrar 275 ml hectáreas, pero se cultiva más del doble, 590 mil. Se han establecido más de 100 mil hectáreas después de 2013. Menonitas y los Lebarón siembran nogales, de gran consumo de agua, y carecen de concesiones, señaló.
Cerca del ejido Constitución, con 894 ejidatarios, está el rancho la Mojina de la familia Lebarón, donde se cultivan nogales sin autorización por la explotación del acuífero y la falta de disponibilidad de agua, pero esa familia sin permiso abrió al menos 10 pozos que usan para la siembra de 300 hectáreas de nogal, afectando a los ejidatarios que sí cuentan con concesiones legales para extraer el recurso hídrico.
Las organizaciones señalaron que han “denunciado ante todas las instancias posibles, demandando la solución del problema sin que ninguna autoridad haya implementado alguna acción real para impedir el robo del agua y la sobreexplotación del acuífero”.
Precisaron que la fiscalía del estado impulsó la solicitud de órdenes de aprehensión en contra de al menos 20 personas del ejido Constitución por el ingreso en abril del 2018 al Rancho La Mojina, acusando a integrantes de la comunidad por un millón de dólares en daños.
También se reactivó la denuncia penal interpuesta por la empresa minera canadiense en contra de integrantes del ejido Benito Juárez por desalojar a la mina, luego de no acatar la resolución de asamblea que resolvió expulsarlos del territorio ejidal.
Llamaron al gobierno de Chihuahua para que no utilice el derecho penal para someter a una comunidad en favor de productores ricos que usan el agua de manera ilegal y pidieron al gobierno federal “resuelvan de forma justa e integral el problema planteado desde hace 10 años que está acabando con el agua de Chihuahua”.
