Ciudad de México. Debido a las condiciones insalubres en las que se encuentran las internas del Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, en Oaxaca, la falta de atención médica y la infraestructura inadecuada del reclusorio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador del estado, Alejandro Murat.

En el documento, solicitó al jefe del Ejecutivo local que de manera inmediata gire instrucciones para que cesen los tratos “crueles, inhumanos y degradantes”, por trabajos forzosos que tienen lugar en la prisión. Asimismo, que en un plazo que no exceda 90 días naturales, pida la realización de adecuaciones, con perspectiva de género, para que las mujeres y los hijos que viven con ellas se alojen en condiciones dignas e higiénicas, que se provea alimentos suficientes y de calidad, así como que se suministre agua potable.

En la Recomendación 55VG/2022, la CNDH refirió que en visitas de supervisión penitenciaria a dicho centro femenil, realizadas en octubre y diciembre del 2021 por personal de la Tercera Visitaduría General, se advirtieron deficiencias para garantizar la integridad física y moral de las mujeres internas, estancia adecuada, condiciones de gobernabilidad, atención a grupos vulnerables y espacios inadecuados para la atención de niñas y niños que viven con ellas.

El análisis de evidencias permitió acreditar violaciones a los derechos humanos al trato digno, al derecho a la reinserción social, a una vida libre de violencia y discriminación, así como al interés superior de la niñez.

Los visitadores de la CNDH corroboraron que en el citado penal sólo tienen dos médicos, que este servicio no se brinda durante el turno nocturno ni en fines de semana, se carece de áreas como comedores y no existe agua corriente durante el día. “Varias tazas sanitarias se encuentran en mal estado, faltan contenedores de basura y hay presencia de fauna nociva, lo que se traduce en condiciones indignas de estancia”, señaló.

La investigación desarrollada también permitió evidenciar que las mujeres privadas de la libertad sufren violencia institucional por estar sujetas a prácticas de discriminación, al impedírseles o anularles el reconocimiento o ejercicio de sus derechos.