Ciudad de México. Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte, sumó su décima sentencia por responsabilidad resarcitoria. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió un juicio contencioso más en contra del ex funcionario, en el cual confirmó la resolución de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que le impuso un pago de mil 472 millones de pesos, por lo que su responsabilidad total suma hasta ahora 6 mil 760 millones de pesos.
El proyecto presentado por la magistrada Luz María Anaya Domínguez, fue aprobado de manera unánime por el pleno de la Sala Superior el TFJA, pues sostuvo que los conceptos de impugnación planteados por Aguirre Morales en su demanda son infundados.
Recordó que el juicio tiene su origen de la revisión realizada por la ASF a la cuenta pública 2014 en Veracruz, para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del sistema de protección social en salud o seguro popular 2014.
“Como resultado de la citada auditoria se determinó que no se instrumentaron las medidas necesarias para la entrega de los recursos, ya que se recibieron 4 mil 339 millones 4431 mil 252 pesos de la federación, pero sólo se transfirieron al régimen estatal de protección social en salud del gobierno de Veracruz, 2 mil 867 millones 589 mil 315 pesos, quedando pendiente de transferir mil 471 millones 841 mil 937 pesos más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de la revisión por 215 mil 418 pesos”.
La magistrada Anaya Domínguez estimó que sí existía una adecuación entre las obligaciones incumplidas en su calidad de subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación estatal por las que se determinó la responsabilidad resarcitoria, mismas que están indicadas en el artículo 35 fracciones 2, 3 y 15 del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación local, y los supuestos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
“En efecto, dentro de sus obligaciones estaba coordinar y dar seguimiento al ejercicio del gasto público y del presupuesto de egresos del estado. Atender los asuntos relativos a la armonización contable y a las actividades financieras y de contabilidad gubernamental, así como autorizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales, obligaciones que al no haber sido cumplidas provocaron que no se transfirieran la totalidad de los recursos de la cuenta social y aportación social federal 2014. Y demás durante la auditoría practicada por la ASF el actor no presento documentación para justificar y comprobar la transferencia total de tales recursos o para sustentar su reintegro a la tesorería de la federación”.
