Pachuca, Hgo. Tras señalar que la iniciativa para reformar el Código Penal de Hidalgo que se aprobó el congreso local contra la violencia vicaria presenta anomalías y que no hubo foros de consulta con las afectadas, un grupo de madres del Frente Nacional de Mujeres (FNM) cuyos hijos son maltratados por sus padres se "plantaron" afuera de los juzgados familiares de Pachuca.

Aseguraron que el error del diputado Ángel Tenorio Cruz de Morena y de otros legisladores que impulsaron la iniciativa aprobada por el pleno de la 55 legislatura loca,l en la sesión del pasado 2 de mayo, fue que hicieron una modificaron al Código Penal de Hidalgo en el que incluyeron, en el apartado de violencia familiar a la violencia vicaria como una modalidad, en lugar de tipificar esta conducta como un delito aparte, con más agravantes.

"Debió haberse tipificado como un delito independiente a la violencia familiar, con agravantes para que pudiéramos denunciarlos por ese delito, pero no es así" dijo Haideé Franco Moreno cuyo hijo de 12 años ha sido víctima de brutales agresiones de su padre.

Puntualizó que la violencia vicaria es aquella que un padre ejerce contra sus hijas e hijos con el fin de dañar emocional y psicológicamente a su esposa o pareja sentimental con el fin de dañarlas, aunado también a afectaciones económicas.

"Este tipo de violencia es acompañado también de agresiones y maltratos hacía la mujer, y es el preludio a un feminicidio o el infanticidio o de ambos delitos ", aclaró.

Pese a la gravedad de este tipo de conductas, las integrantes del FNM consideran que el diputado Tenorio Cruz y otros más que redactaron la iniciativa, la hicieron "al vapor ", sin hacer consultas a las víctimas para que con base en sus experiencias aportaran elementos para que fuera una ley efectiva.

"Los diputados sólo buscaron reflectores mediáticos. Está bien que se promocionen, pero que lo hagan con leyes bien elaboradas, producto de consultas públicas" dijo otra de las afectadas.

Explicaron que muchas demandas que ellas han promovido contra sus ex cónyugues están precisamente por incurrir en violencia familiar; como la ley establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, se ven imposibilitadas a denunciarlos además por violencia vicaria, ya que con la reforma al Código Penal, está quedó como modalidad de la familiar y no como un delito aparte con agravantes.

"Los diputados nos dijeron que para elaborar el dictamen que iban a someter a votación antes iban a convocar a foros de consulta para escuchar nuestras propuestas, pero al final no fue así. El día 2 de mayo, el diputado Tenorio nos avisó por vía telefónica una hora antes de la sesión del congreso de que ese día se iba a votar en el pleno, y nos invitó para que fuéramos, sin habernos tomado en cuenta" agregó otra de las afectadas.

A esto se agrega lo que calificaron como corrupción en los juzgados familiares del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, cuyos jueces y empleados protegen a los agresores, al excluirlos de responsabilidades, o bien incurriendo en tortuguismo para investigar los casos; desaparecer las carpetas de investigación o incluso "voltear" los casos, al culpar falsamente a las mujeres de violencia familiar.

"En estos casos los jueces les quitan sus hijos a las mujeres, y se los entregan a custodia a los padres agresores, quienes con toda libertad los siguen golpeando e insultando a placer para martirizar a sus ex esposas".

En cuanto al número de casos de violencia vicaria que hay en Hidalgo, las integrantes del colectivo señalaron que no hay ningún censo.

Haideé Franco Moreno señaló que Margarita Cabrera Román, coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres (CJMH) de la entidad, ha hecho caso omiso a la exigencia del FNM para que lo realice y lo de a conocer.

"De forma inexplicable no quiere hacer el censo y ni siquiera nos recibe para hablar con ella sobre el asunto. La verdad, como que no le importa lo que sufren tanto nuestros hijos como nosotras".

Haideé Franco relató que es madre de un menor de 12 años de edad, de iniciales D. R. F., quien ha sido víctima de una salvaje agresión de su padre, Jaime R. U.

La mujer relató que Jaime R.U. trabaja en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, y que presume gozar de protección de su jefe, Ricardo Reyes Monzalvo.

Agregó que Jaime RU incurrió en dos delitos en el año 2020:el primero, violencia familiar ejercida contra ella y el segundo, violencia familiar agravada contra su hijo que en aquel entonces tenía 9 años de edad.

El primer delito fue denunciado en febrero de 2020 a través de la Carpeta de Investigación 12-2020-02341 iniciada ante el CJMH.

En once meses, el CJMH nunca envió a ningún perito para que realizara a la mujer el peritaje psiquiátrico correspondiente por lo que ella acudió a las oficinas de la dependencia en febrero de 2021 para averiguar que estaba pasando. Allí, se le informó que su carpeta de investigación había sido archivada. Al final logró que fuera regresada al CJMH y se siguiera con su integración.

"En el peritaje psicológico que me hizo la psicóloga Hilda Lorena Torres Guerrero adscrita también a la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría de Hidalgo salió “sin afectación” cuando yo sigo teniendo pesadillas nocturnas e insomnio y vivo con miedo a que le pase algo que dañe a mi hijo".

La denuncia por el segundo delito fue iniciada el ocho de marzo de 2020 en la Coordinación General de Atención a la Familia y a la Víctima (CAVI) en contra de Jaime “N”, quien golpeó en el rostro al niño D.R.F. a quien le causó una lesión en la mejilla izquierda según la carpeta de investigación NUC 12-20202-03267 y por el que fue vinculado a proceso penal por la Jueza de Control Adscrita al Primer Circuito Judicial Dalia Ibonne Ortega González.

De forma inexplicable, el peritaje psicológico del niño se traspapeló durante más de siete meses.

"Sobre ese hecho yo señalo directamente a David Richards Uribe, hermano del agresor quien se desempeña como Médico Perito en la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría de Hidalgo y que intervino en la desaparición de dicho documento" dijo Haydee.

Otra irregularidad fue que la juez Dalia Ibonne ordenó se diera vista al agente del Ministerio Público familiar para iniciar un juicio promovido por el padre del niño para permitirle "convivir" con el menor pese a que habían medidas de restricción, toda vez que la agresión se generó durante una “convivencia” en la casa su abuela paterna.

Finalmente, la magistrada Rosalba Cabrera Hernández titular de la Sexta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo concedió a Jaime la suspensión condicional del proceso en su contra, con lo que según Haydee se vulneró el derecho del niño a tener justicia.

"Yo señaló a esta servidora pública como la principal responsable si Jaime daña en el futuro la integridad física, psicológica y emocional de mi hijo DRF, pues al declarar procedente la suspensión condicional del proceso a favor del agresor, la magistrada lo deja en total libertad de solicitar no solamente las convivencias con mi hijo , sino que al quedar sin una sentencia queda en posibilidad de solicitar su guarda y custodia.En suma, le vulneró el derecho a mi hijo a tener una vida libre de violencia".