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Gobierno es responsable de seguridad, responde FGE a Cuauhtémoc Blanco

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El titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Gándara. Foto Rubicela Morelos
11 de mayo de 2022 16:15

Cuernavaca, Mor., Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General del Estado, respondió al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo que “calificar el trabajo de los demás es algo muy delicado, yo no lo hago y no me atrevería hacerlo”; eso luego de que el martes el mandatario denunció que esa institución arrastra un 97 por ciento de impunidad de los delitos que en suelo morelense, y le exigió al fiscal trabaje para disminuir la impunidad, la inseguridad y la violencia en la entidad.

Al terminar un acto del gobierno municipal que encabeza José Luis Urióstegui (PAN y PSD), Carmona Gándara dijo también que “la seguridad pública está en manos del gobierno del estado; bajo el mando del señor gobernador; la impunidad y la investigación de los delitos ya que acontece le corresponde a la Fiscalía del estado, y en eso tenemos números que hemos reportado y tenemos resultados”.

El gobernador expuso dos casos para demostrar que el fiscal no hace el trabajo que le toca: "el asesinato de los dos dirigentes sindicales" () ocurrido el en pleno zócalo y "el de Samir Flores" opositor del Proyecto Integral Morelos (PIM) asesinado a fuera de su casa en febrero del 2019.

Al preguntarle sobre el avance en las investigaciones de los casos de los dirigentes sindicales Jesús García y Roberto Castrejón, asesinados el ocho de mayo de 2019, y el de Samir Flores, en febrero de 2019 —con los que Blanco Bravo ejemplificó la presunta ineficacia de la FGE—, el fiscal se negó a responder y dio por terminada la entrevista colectiva.

Ante la exigencia de Martín Huicochea Garduño, hijo de Ana Luisa Garduño, y hermano de Ana Karen, víctimas de feminicidio en enero pasado, y diciembre del 2012 respectivamente, el funcionario prometió que va dar con "los responsables''; sin embargo, no hay ningún detenido.

Así también, denunció que ambos feminicidios tienen más de tres meses, y casi 10 años, cada cual, y agregó que en ninguno ha habido justicia.

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La defensa de los detenidos solicitó y obtuvo la duplicidad del término constitucional, es decir un receso o pausa de la audiencia inicial con el fin de obtener pruebas y testigos a favor de los inculpados.

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Su aprehensión ocurrió en el estado de Tlaxcala.
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