Ciudad de México. En protesta por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, en Sinaloa, decenas de periodistas, fotoperiodistas y activistas, se dieron cita en el Ángel de la Independencia para manifestarse pero al llegar, el reclamo y la exigencia de justicia se multiplicó por tres, después de informarse del asesinato por la mañana de Yessenia Molliendo, directora del portal El Veraz, y la reportera Sheila Johana García, en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz.

Reporteros amenazados, algunos vía celular desde varias entidades, emitieron posicionamientos en los que reprocharon los altos niveles de impunidad y los 12 asesinatos de comunicadores que van en este año.

Una de las primeras en tomar el micrófono y alzar la voz por los recientes casos fue Griselda Triana, viuda de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada, y quien fue asesinado en Sinaloa el 15 de mayo de 2017.

Tras advertir que “el hartazgo también tienen límites”, propuso al presidente de la República un diálogo con un grupo de esposas e hijos de víctimas, donde estén presentes fiscalías, la CEAV, los representantes del mecanismo de protección y miembros de la sociedad civil “para encontrar caminos que lleven en la dirección correcta”.

Inició su intervención al recordar que “hace muy pocos días asesinaron a Luis Enrique, en Culiacán, en mayo, el mismo mes en el que le arrebataron la vida a Javier”.

Expresó que desde ese momento “no he dejado de pensar en la facilidad con que matan a un periodista en México, en Veracruz, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, por mencionar algunos”.

Como esposa de un periodista que fue privado de la vida se dijo “dolida”, pero “lo que más cala es que sigue silenciándose a ciudadanos ejemplares que mostraban que aquí, casi todo está mal”.

Recalcó que la mayoría de los periodistas asesinados o desaparecidos no se hicieron ni son ricos, porque el periodismo que ejercían apenas da para vivir en dignidad y en muchos caso ni eso.

Por ello, quienes acuden a manifestaciones como la de este lunes lo hacen con la convicción de que si no salen a exigir acciones, el estado “no lo hará por su cuenta”.  

Cuestionó por qué las autoridades no sacan de los lugares en riesgo a los periodistas amenazados o la tardanza en aplicar medidas de seguridad. También llamó al gobierno a reconocer que hay fallas en la procuración de justicia. Se dijo consciente de la cantidad de delitos y feminicidios en los que se pide justicia, “pero eso no significa que se quedarán con los brazos cruzados”.

En tanto, Patricia Espinoza, hermana del fotoperiodista Rubén Espinoza, asesinado en la Ciudad de México, aseveró que a casi siete años, “siguen los mismos tres detenidos, y sólo dos con sentencia”, además, no hay avances en las líneas de investigación.

Lamentó que cuando muere un periodistas siempre dejan su labor a un lado y lo vinculan con cuestiones ajenas, como pasionales o supuestas actividades delictivas.