Colombo. El primer ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, renunció este lunes, poco después de los violentos enfrentamientos entre sus simpatizantes y manifestantes antigubernamentales que causaron tres muertos, uno de ellos un diputado, y más de 150 heridos.
El responsable de 76 años envió su carta de renuncia a su hermano menor, el presidente Gotabaya Rajapaksa, abriendo el camino para un "nuevo gobierno de unidad", afirmó su vocero Rohan Weliwita.
Miles de simpatizantes del gobierno, armados con palos y porras, atacaron el lunes a los manifestantes que acampan desde el 9 de abril delante de la oficina presidencial.
Horas antes, en el Temple Tree, en su residencia muy cercana a los despachos presidenciales, Mahinda Rajapaksa había prometido "proteger los intereses de la nación" ante unos 3 mil simpatizantes, traídos en autocares procedentes de zonas rurales. Al salir, atacaron las tiendas de campaña de los manifestantes y quemaron sus pancartas.
La policía lanzó gas lacrimógeno y recurrió a cañones de agua, y las autoridades decretaron inmediatamente un toque de queda.
Durante los altercados, en las afueras de la capital, un diputado del partido gobernante, Amarakeerthi Athukorala, abrió fuego contra unos manifestantes que bloqueaban su coche y mató a uno de ellos, según la policía. Luego intentó refugiarse en un edificio cercano, donde fue encontrado sin vida tras suicidarse. Su guardaespaldas también fue hallado muerto en el lugar, agregó la policía.
Más de 150 heridos fueron hospitalizados, dijo a la AFP el portavoz del hospital nacional de Colombo, Pushpa Soysa.
Llamados a la calma
El presidente Rajapaksa condenó los actos violentos y a aquellos que los incitan "independientemente de sus tendencias políticas", según un mensaje en Twitter. "La violencia no resolverá los problemas actuales".
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en la isla, Julie Chung, condenó la violencia perpetrada "contra manifestantes pacíficos" e instó al gobierno a abrir una investigación en profundidad de los hechos.
Desde hace meses, este pequeño país insular de 22 millones de habitantes del sur de Asia, independiente desde 1948, sufre de grave escasez de productos alimentarios, combustible y medicamentos.
El colapso económico comenzó a sentirse luego de que la pandemia del coronavirus cortara los ingresos por turismo y remesas.
La enorme deuda externa, estimada en 51 mil millones de dólares, llevó al gobierno a decretar el 12 de abril una moratoria de pagos.
Los manifestantes reprochan a los hermanos Rajapaksa en el poder de haber hundido el país en esta crisis y piden su dimisión.
El jefe de la oposición, Sajith Premadasa, intentó acercase a la zona de los enfrentamientos pero fue atacado por la muchedumbre y tuvo que ser rápidamente evacuado por el personal de seguridad.
El viernes, el presidente decretó el estado de emergencia por segunda vez en cinco semanas, y otorgó poderes ampliados a las fuerzas de seguridad, por ejemplo autorizando la detención de sospechosos durante largos periodos sin supervisión judicial. También autorizó el despliegue de militares para mantener el orden, como refuerzo de la policía.
El dirigente sindical Ravi Kumudesh advirtió este fin de semana que movilizaría a los trabajadores del sector público y privado para que asalten el Parlamento nacional en su apertura el 17 de mayo.
