Madrid. La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, compareció en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados y ahí reconoció, según “fuentes anónimas” citadas por varios medios de comunicación españoles, que se había realizado un operativo de vigilancia y seguimiento a un total de 18 líderes independentistas, entre ellos el actual presidente de Cataluña, Pere Aragonés.

El escándalo del espionaje, que fue desvelado por la Universidad de Toronto y la revista The New Yorker, está creciendo y desde el independentismo se exigen aclaraciones y dimisiones al “más alto nivel”, mientras que en el seno del propio gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, aumentan las divisiones y las acusaciones cruzadas.

Esteban compareció en una comisión parlamentaria muy singular; es la única en la que todos sus miembros están obligados a guardar estricto secreto de todo lo que ahí se dice. Ni siquiera se permite introducir teléfonos celulares, se hace a puerta cerrada y no se hace público nada de lo ahí se dice, que suelen ser los secretos oficiales más delicados del Estado.

Recientemente, en una iniciativa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se abrió por primera vez esa comisión a todos los partidos del Parlamento, incluidos los independentistas catalanes y vascos y los representantes de Unidas Podemos y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

En la primera sesión a la que acudieron, a los pocos minutos, proliferaron las filtraciones de lo ahí dicho, sobre todo la que confirmó que desde el CNI se había espiado en los últimos tres años a representantes del separatismo catalán, sobre todo a raíz de la declaración unilateral de independencia fallida y el proceso posterior, en el que se juzgo a una parte de su dirigencia, otra se refugió en otros países europeos y todos ellos advirtieron públicamente que estaban preparando un plan para volver a declarar la independencia, esta vez de forma definitiva.

Según las versiones filtradas por los asistentes a la comisión, la directora del CNI explicó que el seguimiento a esas 18 personas se había ordenado bajo el amparo de un juez, que en función de los argumentos y pruebas presentado por los agentes del servicio de inteligencia, decidió dar luz verde a ese operativo. Según esas mismas versiones, la propia Esteban presentó las autorizaciones judiciales que permitieron el seguimiento y la captación de datos de los teléfonos celulares, a través del llamado programa Pegasus, diseñado y operado por una empresa de información israelí.

Entre las personas espiadas se encuentran, además de Aragonés, el ex presidente catalán Carles Puigdemont (refugiado en Bélgica), líderes del movimiento separatista como Josep Lluis Alay, Marcel Mauri y el diputado de la CUP, Carles Riera.

El más contundente en su respuesta a la trama de espionaje fue el presidente catalán, que con la comparecencia de la directora del CNI se “confirma y aumenta la gravedad del caso de espionaje masivo por parte del Estado español contra las instituciones catalanas y el independentismo”, además de que “estamos ante una flagrante vulneración del derecho a la intimidad, de participación política e institucional, tanto de las personas espiadas como de todas aquellas que se han relacionado con ellas”. Y, por lo tanto, afirmó Aragonés, “es inaplazable la asunción de responsabilidades”.