Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 78/2022 al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, así como al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, por los precios fijados a productos que se ofrecen en tiendas al interior de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

Solicitó que se revisen y actualicen los convenios de colaboración con los que establecen controles de precios, ya que actualmente se vulneran los derechos a la no discriminación, a la seguridad jurídica y a la legalidad por los precios establecidos.

Refirió que durante el mes de abril de 2021, 13 personas privadas de la libertad en el Cefereso número 5 de Villa Aldama, en Veracruz, promovieron sendas quejas relacionadas con el incremento en precios de los productos que se ofrecen en la tienda al interior de ese centro penitenciario, ya que, aseguraron, son excesivos y afectan su economía al ser el único lugar donde pueden adquirirlos.

Ante ello, la CNDH documentó que desde junio de 2018 se tiene un convenio para la regulación de precios, suscrito entre la Profeco, el OADPRS y la empresa encargada de la tienda al interior del Cefereso, mismo que, aunque es plurianual, no se encuentra vigente.

Con la información recabada, se verificó que el método para fijar precios está basado en un comparativo elaborado por la Profeco, en el que se refiere una lista de productos, sus precios más alto y más bajo encontrados en el mercado, así como un promedio entre ambos. Como criterio general, el convenio establece que los costos en los productos no deben rebasar el 10 por ciento de los precios más altos identificados, situación que, en consideración de la CNDH, es discriminatoria y desproporcionada para las personas privadas de su libertad, ya que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Se constató, además, que el catálogo de precios aplica de manera general en todos los Ceferesos del país, lo que puede constituir una práctica monopólica que vulnera los derechos de toda la población penitenciaria, pues las autoridades de los centros, señaladas como responsables, facilitan que la empresa oferte los productos al interior de los establecimientos penitenciarios con costos superiores a los más altos encontrados en el exterior.

La CNDH también confirmó que durante los años 2020 y 2021 la Profeco no realizó visitas de verificación en los diversos servicios de tienda de los Ceferesos, por lo que incumplió sus responsabilidades y omitió representar los intereses de los consumidores, así como propiciar la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.