Ciudad de México. ONU Mujeres y ONU Derechos Humanos en México, expresaron su “preocupación” por la actuación de la policía de Irapuato, Guanajuato el pasado 2 de mayo durante una protesta de agrupaciones feminista, y exhortaron a las autoridades de esa entidad a “respetar el derecho a la manifestación”.

En la protesta, que fueron detenidas 28 mujeres y un hombre, fue convocada por Brujas de Irapuato. Al contingente se integró un grupo de mujeres encapuchadas, prendieron fuego a la puerta principal de la presidencia municipal. Las 29 personas fueron liberadas horas después.

Ambos organismos recordaron que “el marco normativo nacional establece que las fuerzas de seguridad deberán actuar conforme a estándares internacionales de derechos humanos y de manera sensible al género, incluyendo el contexto de manifestaciones”.

A través de sus redes sociales acotaron que los referidos estándares establecen que “la presencia policial en manifestaciones es de facilitación. El Estado tiene la obligación de no estigmatizar a las manifestantes y de prevenir situaciones de violencia, especialmente por parte de agentes estatales”.

Recordaron que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar el ejercicio de ese derecho. En este caso, las autoridades deben implementar medidas de no repetición”.

Los instrumentos y mecanismos internacionales de derechos humanos señalan que “el uso de la fuerza debe cumplir con los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. No pueden invocarse situaciones excepcionales para justificar desviarse de éstos”.

Destacaron que “conforme a lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, los protocolos y procedimientos del uso de la fuerza atenderán la perspectiva de género y la intervención de las fuerzas de seguridad pública se hará por personas con experiencia y capacitación específicas”.

Es necesario que las autoridades “garanticen el derecho reconocido de las mujeres a una vida libre de violencia, que se aborden y resuelvan las demandas de las protestas feministas y las condiciones sociales que repiten los ciclos de violencia que enfrentan las mujeres”.

Reconocieron “la labor de las víctimas y las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que las acompañan para garantizar que las mujeres vivan libres de violencia, su acceso a la justicia y para poner un alto a la violencia de género en el país.