Ciudad de México. México realizó el mayor refinanciamiento de deuda externa en la historia antes y durante los primeros choques de la pandemia de coronavirus, lo cual sumado a la amortizaciones en el mercado interno permitió reducir las presiones sobre las finanzas públicas ahora que se advierte un deterioro de las condiciones financieras internacionales, explicó María del Carmen Bonilla, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La normalización de la política monetaria de Estados Unidos está muy ligada a México, no solamente por los vínculos que hay entre ambas economías, sino también se suma que el dólar es una moneda de reserva, obviamente dependemos mucho de las decisiones que tome la Fed (Reserva Federal, el banco central estadunidense), explicó durante la Cátedra SHCP 2022, que se lleva a cabo con la Facultad de Economía.

Esta semana se lleva a cabo la reunión de política monetaria de la Fed y de acuerdo con analistas financieros se espera que el banco central estadunidense aumente medio punto porcentual su tasa de referencia, lo que llevaría su rango del actual 0.25-0.50 por ciento, a uno de 0.75-1 por ciento.

En todos los países habrá una afectación en el costo de financiamiento una vez que los bancos centrales de las economías grandes, como la estadunidense, tengan tasas de interés más altas, reconoció. La gran ventaja que nosotros tenemos, aseguró, son las amortizaciones que se han hecho para cambiar las obligaciones de corto plazo por unas de largo y el que se está dando más prioridad al mercado local.

De acuerdo con las cifras de Hacienda, la deuda neta del gobierno federal alcanza 10 billones 470 mil 59 millones de los pesos, de los cuáles 78.3 por ciento se encuentran en el mercado interno y el resto externo, más sujeto a la volatilidad de la coyuntura.

María del Carmen Bonilla detalló que en 2021 se refinanciaron más de 497 mil millones de pesos en el mercado interno, en lo que va de 2022 se han realizado tres permutas de valores por 228 mil millones de pesos y en la actual administración las operaciones para reducir presiones de liquidez alcanzan 1.3 billones de pesos.

En cuando a la deuda externa del gobierno federal, ésta alcanzó 96 mil 264 millones de dólares en junio de 2019 y en marzo de 2022 llegó a 113 mil 637.2 millones, cifras un mes antes y uno después del plazo en que se ha mantenido el programa de refinanciamientos por casi una quinta parte de estas obligaciones.

En el mercado externo se refinanciaron 10 mil millones de dólares bajo operaciones conocidas como liability management, las cuales son un procedimiento similar a las permutas del mercado interno, y 11 mil millones de dólares en make-wholes, que permiten a quien colocó el bono pagar de manera anticipada. Con estas operaciones se logró el mayor refinanciamiento de deuda externa.

Interrogada por integrantes de la Facultad de Economía sobre el porqué, si el manejo financiero ha sido tan eficiente, no se usa una política de deuda más agresiva para impulsar el bienestar y si esta limitación afecta al crecimiento, la funcionaria se desvió para recalcar que la prudencia de los años recientes implica una salvaguarda a las incertidumbre en los mercados.

Agregó que no todo el presupuesto contiene palancas de crecimiento, pero en la actual administración se tiene el objetivo de fijar en mínimo de 3 por ciento el piso de gasto en infraestructura.

Cultura tributaria más accesible

Más tarde, en una ponencia sobre las modificaciones al impuesto sobre la renta (ISR) vigentes para este año, entre ellas la entrada del Régimen Simplificado de Confianza, Carlos Molina Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda, informó que más allá de las modificaciones en la ley, se requiere promover una cultura tributaria accesible y sencilla para ayudar a promover el pago de contribuciones.

Agregó que más allá de un tema de cultura del pago de impuestos, hay sectores económicos que interpretan la ley a modo para tributar menos, como es el caso de las mineras, que buscan acreditar gastos como parte del ejercicio, en lugar de inversión, para así reducir los porcentajes en el pago de impuestos.