Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, por violaciones graves a derechos humanos ocurridas durante un enfrentamiento entre pobladores de los municipios Huazantlán del Río y San Mateo del Mar, de dicho estado, que derivaron en el linchamiento de 15 personas en junio de 2020.

Indicó que la investigación realizada por personal de este organismo determinó la existencia de situaciones previas que influyeron y detonaron los hechos de violencia, entre ellas conflictos político-electorales entre habitantes de ambos municipios y el encarcelamiento de cinco mujeres por ejercer su derecho al voto.

En este caso, el organismo constató violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la libertad, a la integridad y seguridad personal, al principio del interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación en relación con los derechos de reunión, manifestación y participación ciudadana.

Expuso que la ocurrencia de fenómenos como los linchamientos requiere una actuación inmediata y urgente, y, en este sentido, las autoridades federales debieron convocar a las autoridades en materia de seguridad pública, a fin de atender dicho evento en un tiempo estimado entre 30 y 60 minutos; por otro lado, no se acreditó que dieran seguimiento a las solicitudes y acuerdos previos de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (integrada por autoridades federales, estatales y municipales) para efectuar patrullajes en la zona y establecer presencia disuasiva.

A nivel estatal, el entonces secretario general de Gobierno de Oaxaca no realizó un esfuerzo continuo y diligente para exhortar a las comunidades a mantener las condiciones de paz, ya que, si bien había restricciones sanitarias para evitar contagios por Covid-19, “pudo convocar a reuniones por medio de videollamada, vía telefónica o de manera presencial (con un número limitado de participantes) e implementar estrategias para reducir la tensión”, precisó la CNDH.

Ante lo ocurrido, en la Recomendación 54VG/2022 solicitó de manera conjunta a la SSPC y al Gobierno del estado reparen integralmente el daño causado a las víctimas indirectas de los fallecimientos y a las sobrevivientes.

La CNDH refirió que el 21 de junio de 2020, cinco personas de Huazantlán fueron heridas por arma de fuego en la carretera, a la altura de la colonia Reforma. Ante ello, la Mesa de Coordinación Estatal envío a 55 elementos de seguridad pertenecientes a las policías Estatal y Vial, a la Guardia Nacional, así como a la Policía Ministerial, quienes custodiaron a los heridos de regreso a San Mateo del Mar.

Al pasar por Huazantlán del Río, las personas del filtro de seguridad sanitaria, ordenado por la autoridad local, únicamente permitieron la salida de las ambulancias e hicieron que el contingente policial regresara a San Mateo para trasladar a Huazantlán a 200 personas que viajaban en camionetas. Al llegar a dicha localidad, estas ingresaron a la Agencia Municipal y sacaron de manera violenta a más de 30 personas que habían tomado dichas instalaciones, quienes fueron agredidas por la turba.

Un total de 15 personas fueron golpeadas con tabiques de concreto, cercenadas sus extremidades, quemadas con gasolina y fallecieron alrededor de las 21 horas. Entre ellas se encontraban dos mujeres que habían sido detenidas previamente por ejercer sus derechos políticos.

“Aun cuando los elementos policiales realizaron diversas acciones para contener a la multitud -como la utilización de gases lacrimógenos y la realización de formaciones y vallas para resguardar a las personas agredidas- fueron superados en número por las personas de la localidad, agredidos y rociados con gasolina, sin poder solicitar refuerzos debido a la falta de señal de telefonía, ante lo cual solo pudieron rescatar a dos personas antes de salir”, indicó la CNDH.