Guadalajara, Jal. Familias de la colonia La Floresta que fueron desalojadas y sus casas destruidas por estar dentro del cauce federal del arroyo El Seco, en Zapopan, clausuraron de forma simbólica las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) al considerar que la defensoría ha mostrado “tibieza” tras lo ocurrido el pasado 27 de abril.

Acusaron también al alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, de tratar de excusarse de la responsabilidad del desalojo, al señalar que la intervención del gobierno municipal fue en apoyo a una petición de la Conagua, porque hasta ahora no ha ofrecido alternativas de reubicación y muchas familias ni siquiera saben dónde quedaron sus pertenencias.

La queja que presentaron en la CEDHJ fue contra la propia institución defensora debido a que, afirmaron, no enviaron personal para evitar los atropellos de los que fueron víctimas. También fue interpuesta contra el ayuntamiento de Zapopan, Conagua, Protección Civil de Jalisco y las policías estatal y zapopana.

“Ellos (la CEDHJ) dicen que sí mandaron a su gente, pero mi hijo de 14 años se resistió al desalojo y policías estatales, los negros, lo golpearon. Fue una atrocidad, estuvimos indefensos ante el abuso”, dijo Arturo López, uno de los afectados.

Entre los señalamientos están que durante el desalojo también murieron mascotas, se destruyó un cuarto estéril para sesiones de hemodiálisis, una silla de ruedas de una mujer de la tercera edad, entre otras denuncias.

Agregaron que en la manifestación que se realizó mientras se presentaba la queja, estuvieron presentes integrantes de los pueblos originarios que viven en los márgenes del arroyo, el cual el año pasado se desbordó tres ocasiones provocando inundaciones en centenares de casas en varias colonias aledañas al bosque de La Primavera, de donde llegaron los escurrimientos.

La queja contra la CEDHJ se da pese a que la institución emitió apenas ocurrido el desalojo medidas cautelares contra el gobierno de Zapopan, la Secretaría de Seguridad Pública y el Sistema de Asistencia Social de Jalisco.

En la denuncia también dejaron de manifiesto que el alcalde Frangie -un empresario que también fue gerente de Chivas y fue postulado por el partido Movimiento Ciudadano- sabía, desde el 4 de abril, existía una orden de desalojo pero como ocurrió también en el caso del gobierno estatal, no alertó a los vecinos ni ofreció alternativas durante las más de tres semanas previas y sólo hasta ahora habla de "asesoría" para demandar a quienes vendieron los terrenos.

Paulo Llamas, presidente de la colonia, afirmó que por lo menos se trata de 120 familias afectadas, muchas de ellas que empezaron a construir desde hace 12 años, tiempo en el cual una buena gestión gubernamental hubiera alertado acerca de que se invadía un cauce federal y no se habría permitido la compra venta bajo el engaño de que se trataba de terrenos ejidales.