Ciudad de México. En México, “las comunidades indígenas viven en una situación donde la desigualdad, la pobreza, la violencia y la impunidad se profundizan y escalan”, concluye el informe anual de la organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI, por sus siglas en inglés).

Creada en 2020, IPRI coordina la Iniciativa Global para Abordar y Prevenir la Criminalización, la Violencia y la Impunidad contra los Pueblos Indígenas.

La organización es encabezada por dos activistas filipinas: Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y Joan Carling, ganadora del premio Campeones de la Tierra, que otorga la ONU a quienes destacan en la defensa del medio ambiente.

El capítulo correspondiente a México fue presentado por Anabela Carlón, abogada yaqui, quien hizo un repaso de cuatro ejemplos documentados por la organización internacional.

Se trata de los casos de la comunidad Paso de la Reyna, en Oaxaca, donde fueron asesinadas cinco personas que se oponían a la construcción de una presa hidroeléctrica en el Río Verde.

Igualmente, se refirió a la “negligencia estatal e impunidad de los grupos armados” en Los Altos de Chiapas”; a la lucha por la autonomía de comunidades de Zitácuaro, Michoacán, que se han armado para defenderse del crimen organizado; y a la batalla del pueblo rarámuri en defensa de su territorio en Repechique, Chihuahua.

Las agresiones contra los pueblos y comunidades que defienden sus territorios frente a megaproyectos se ve agravada “con el continuo desprecio de las autoridades por garantizar, respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas”, se señala en el informe que también incluye el recuento de violaciones a los derechos humanos de pueblos originarios en Brasil, Colombia, Filipinas, India y República Democrática del Congo.

En lo que hace a México, que ha sido visitado por una delegación de IPRI, Carlón dijo que “la situación de los pueblos indígenas cada vez es más alarmante, por la alta conflictividad que existe, por la presencia de grupos de poder y de la delincuencia organizada”.

Los grupos locales han trabajado en coordinación con IPRI para documentar 16 casos (2020-2021) en los que se han identificado siete tipos de violaciones graves a los derechos humanos: homicidios, criminalización, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo del territorio. Igualmente, “violación al derecho de consentimiento previo, libre e informado, y al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica”.

Los casos en su conjunto “nos muestran la extensión de la criminalización contra los pueblos indígenas, una situación que empeora y que nos obliga a hacer mucho más”, dijo Tauli-Corpuz, quien añadió que “esperamos que

las víctimas de estos casos también puedan acceder a los recursos y las capacidades de IPRI para que se vuelvan mucho más conocidos… Porque hay un racismo y una discriminación estructural que hay que abordar de raíz. La comunidad internacional tiene que hacer algo al respecto”.