Madrid. La Unión Europea (UE) confirmó el “acuerdo político de principios” para que España y Portugal puedan fijar de forma “temporal” un límite al precio del gas y así provocar una caída del precio de la electricidad, que ha alcanzado marcas históricas en los últimos meses (hasta 700 horas el megavatio hora), y también para intentar controlar la inflación, que en lo que va del año ya supera 9.8 por ciento.

El plan todavía tiene que superar los escollos técnicos de los funcionarios europeos, sobre todo de los que regulan la “igualdad” en la “libre competencia”, con lo que se prevé que el que se anunció como un programa de “emergencia” no entrará en vigor de forma inmediata, sino dentro de varias semanas, quizá meses.

En el seno de las instituciones europeas todo va muy despacio. Incluidos los planes de emergencia para auxiliar a las víctimas, cada vez más, de la pobreza energética en España y Portugal. El pasado 26 de marzo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció con bombo y platillo un acuerdo con la UE para permitir a España y Portugal -que forman el mismo mercado- un estatus de excepcionalidad para limitar los precios del gas y así provocar la caída de la factura de la luz.

Tres días después, es decir, el 29 de marzo, se envió el plan de choque diseñado por España y Portugal y desde entonces no ha habido ningún movimiento. Si acaso algunas maniobras de algunas multinacionales eléctricas, como Iberdrola y Enel, para impedir que el plan de choque saliera adelante tal cual, alegando que afectaría a la competencia de la región.

La vicepresidente tercera del gobierno español, Teresa Ribera, viajó ayer a Bruselas para desbloquear el acuerdo, como finalmente ocurrió, aunque sólo se alcanzó un “acuerdo político de principios”, que además introduce dos cambios importantes al plan original: el tope del precio del gas no será de 30 euros, sino de 50, y el precio peninsular de la luz será el mismo que apliquen para los intercambios con el resto de la UE, tomando como referencia a Francia.

Desde la UE insistieron en que se trataba de un “acuerdo de principios”, que todavía hay muchas aristas que resolver y que en cualquier caso serán siempre “medidas proporcionadas y temporales”. Es decir, que un mes después del viaje del presidente Sánchez a Bruselas la aplicación del plan de choque sigue en el aire y a expensas de lo que finalmente decidan los equipos técnicos negociadores, que ahora sí se comprometieron a trabajar con “más celeridad”.

La decisión de la UE rompió de alguna manera el espíritu del plan original, una vez que no se permitirá que exista esa “excepcionalidad ibérica” tal y como la había propuesto España y Portugal, ya que no habrá en ninguno un doble precio de la electricidad para los consumidores. Será el mismo para todos, y todos se beneficiarán de la energía subsidiada que se produzca en España y Portugal.

Ribera explicó a su salida de la reunión que “la Comisión Europea nos ha trasladado la petición de ser flexibles con respecto a cómo mantenemos de forma fluida las interconexiones, las exportaciones de electricidad desde la península ibérica hasta Francia, pero se ha comprometido a ser un actor mucho más activo para vigilar el pleno cumplimiento de un objetivo de interconexión que estaba fijado para el 10 por ciento en 2020 y de 15 por ciento en 2030, pero que todavía está en 2.8 por ciento”.

Con este calendario, lo más probable es que el plan de choque para abaratar la factura de la luz e intentar controlar la inflación desbocada no entrará en vigor hasta dentro de varias semanas, incluso no se descarta que empiece a funcionar a partir de junio.