San Cristóbal de Las Casas, Chis., Habitantes de 12 comunidades del municipio de Aldama afirmaron que a un año de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares, el Estado mexicano “no ha implementado acciones pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad física de los beneficiarios”.
En un comunicado agregaron que “a consecuencia de ello, el 25 de marzo resultó herida una menor de edad en la comunidad de Tabac, por el incremento de las agresiones que recibe nuestro pueblo” de grupos armados “de corte paramilitar” de Santa Martha, Chenalhó.
“Hasta la fecha no ha habido avances ante nuestras peticiones realizadas desde el día 24 de junio de 2021 en que se llevó a cabo una reunión con los funcionarios del gobierno y diferentes organismos”, aseguraron.
Señalaron que “el gobierno sólo manda sus proyectos según para la mejora y avance para la solución del conflicto, pero lo único que ha hecho con sus proyectos como la reparación del tramo carretero es destruir nuestro camino, única alternativa para ingresar y salir hacia nuestras comunidades; con las peores condiciones en que se encuentra el tramo de 2 kilómetros, sólo nos ha puesto en riesgo nuestras vidas; han resultado heridos y fallecidos nuestros hermanos, tras la destrucción del puente Tabac”.
Insistieron en que “cada día arriesgamos la vida para poder sobrevivir e ir a nuestros trabajos; en estos días es la temporada de la siembra de la milpa, nosotros sólo con nuestro sudor en la frente vivimos y subsistimos durante todo el año; no estamos pidiendo limosnas al gobierno, lo único que estamos exigiendo es la solución verdadera y definitiva del conflicto, porque estos grupos armados no nos dejan trabajar nuestras tierras, ni transitar en los caminos, si nos ven nos disparan como lo hemos dicho en varias ocasiones, como si fuéramos unos animales que nos cazan, nos vigilan desde en las orillas de los ríos y en los diferentes puntos de ataques en donde operan para agredirnos”.
Manifestaron que sus vecinos de Santa Martha “están aprovechando para saquear todos los árboles maderables plantados dentro de las 60 hectáreas en disputa y los dueños legítimos siguen sin poder trabajar sus tierras, debido a que hasta la fecha no ha habido una verdadera solución por parte del gobierno y las instancias correspondientes; parece que el gobierno solo está protegiendo estos grupos armados, tal vez porque nuestro pueblo de Magdalenas (Aldama) es pequeño; mientras otros sufren de hambre muchos viven felices”.
Solicitaron a la CIDH que “visite a nuestra comunidad y a nuestro compañero Cristóbal Santiz Jiménez, preso político por el gobierno y la Fiscalía del estado. Como pueblos originarios seguimos resistiendo en la defensa de los derechos humanos, del territorio, del agua y de la vida, no permitiremos que nos saqueen nuestras tierras como está sucediendo en varias partes de la república y del mundo”.
