San Salvador. A solicitud del presidente, Nayib Bukele, el Congreso de El Salvador aprobó el domingo la prórroga del estado de excepción para continuar combatiendo a las maras o pandillas, a las que responsabilizan de una ola de asesinatos registradas en los últimos días de marzo.

Después de registrar 62 homicidios el 26 de marzo, un nivel de criminalidad que no se había visto en años en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto y la asistencia de un abogado. Además, amplia de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

La prórroga se aprobó con los votos de 67 de los 84 diputados del Congreso Unicameral. Los cuatro diputados del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la diputada del conservador partido Vamos, votaron en contra. Tres diputados de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) votaron abstención, mientras que nueve de sus compañeros no estaban presentes a la hora de la votación.

Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse, por igual período y mediante nuevo decreto. De lo contrario, se restablecerían por completo las garantías suspendidas.

El gabinete de seguridad del gobierno salvadoreño sostiene que, si bien es cierto que las medidas extraordinarias han tenido éxito y los homicidios han disminuido, “la mayoría de las terroristas aún continúan en libertad” por lo que suspender su aplicación propiciaría un retroceso en los avances alcanzados.

El Congreso también reformó el Código Penal para que las pandillas, o cualquier organización conformada con el fin de delinquir, se consideren penalmente ilícitas y sus miembros puedan ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían tener una pena de 40 a 45 años de cárcel.

En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, aplica 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a mayores de 12.

El Congreso también reformó el Código Penal para sancionar con penas de 10 a 15 años de prisión a cualquier persona o medio de comunicación que reproduzca y transmita mensajes originados por las pandillas. No se aclara, sin embargo, quién determina si un contenido debe ser penalizado o quién estaría a cargo de detectar un mensaje que infrinja la ley.

Desde el 27 de marzo, cuando se decretó el estado de excepción, las autoridades salvadoreñas dicen que han capturado a 16.053 presuntos pandilleros, una cifra enorme en un país de solo 6,5 millones de habitantes. Según información del Ministerio Público los jueces ya han decretado detención provisional a 6.924 personas acusadas de delitos como homicidios, extorsiones, posesión de armas y agrupaciones ilícitas.

La Policía Nacional Civil informó que, como resultado del incremento de los operativos y la captura de pandilleros, entre el 1 y el 23 de abril han registrado diez días sin homicidios

Entretanto las autoridades mantienen en emergencia las cárceles, donde por orden de Bukele más de 20 mil pandilleros permanecen en sus celdas “sin poder ver ni un rayo del sol”, les decomisaron las colchonetas para dormir y les racionaron la comida a solo dos al día luego del alarmante aumento de los homicidios.

Después Bukele advirtió a los pandilleros que, si aumentaban los homicidios, les quitaría la comida a sus compañeros en las cárceles y ordenó la construcción de otras prisiones para miembros de esas estructuras criminales.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han instado al Estado salvadoreño que respete el debido proceso y los derechos humanos durante el estado de emergencia.

Las llamadas maras o pandillas, que tiene presencia en populosos barrios del país, están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.

En agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró grupos terroristas a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18. La Sala, en su sentencia, también declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de las pandillas.

En 2012, el gobierno de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en una lista de organizaciones criminales internacionales.