Ciudad de México. El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, destacó en el Senado que una de sus principales funciones es administrar las aguas nacionales para la población y sectores económicos y productivos, que actualmente son 88 mil millones de metros cúbicos concesionados, para diferentes usuarios: agrícolas industriales, público urbano y servicios.

Al asistir a una reunión de trabajo con la Comisión de Recursos Hidráulicos de la cámara alta, el funcionario explicó, a pregunta de los senadores de Morena, que le insistieron: ¿Por qué se han privatizado los servicios de tratamiento de agua residual y en algunos casos, de la potable, en los municipios? Explicó que en administraciones pasadas, en los años 90, “se tenía como plan la privatización para mejorar los organismos operativos en los municipios.

Quintana Roo fue uno de los primeros ejemplos en privatizar el tratamiento de aguas, con la planta Aguakacán, trasnacional, en Cancún, pero concesionar el agua potable a privados y sobre todo a extranjeras, representa gastos y utilidades enormes que lo tienen que pagar los usuarios; ahí es donde empiezan los conflictos.

Aseveró que las dificultades que hay en Quintana Roo por el agua en plantas de tratamiento es un problema nacional. Destacó que aun cuando hay grandes esfuerzos en cuanto a participaciones federales y estatales en la construcción de plantas de tratamiento de aguas negras, gran parte de las autoridades municipales no tienen la capacidad técnica ni operativa para su manejo. Para ello, aseveró, deben explorarse nuevos mecanismos fiscales que fortalezcan la operación y mantenimiento de esta infraestructura.

Precisó que los municipios no tienen capacidad económica para operar y mantener esas plantas. Por mucho dinero que se le ponga para la construcción de plantas, hay que revisar las tarifas que pagan los usuarios para que incluya el costo del tratamiento. Hay que dotarlos de mayores recursos.

El titular de Conagua explicó que, con la finalidad de que los grandes usuarios paguen la cantidad real de agua que consumen, en junio próximo la dependencia lanzará un programa nacional de medición, que incluye las zonas del país donde se ha registrado sobrexplotación del recurso hídrico. Con ello, se atenderá la demanda social de que se cobre lo que se consume y de que se inicien acciones contra usuarios que hagan un uso irregular del agua.

También –afirmó– se prepara un programa de trabajo con los industriales, que comenzará en Tlaxcala, en el río Atoyac, porque “quienes contaminan el agua, son los responsables de solucionar el problema, ya no digo que paguen lo que contaminan, no sólo la multa. Queremos resolver el problema de fondo, tienen que cumplir las normas oficiales mexicanas (NOM) para el tratamiento, la 001 y la 002.

Lo queremos hacer de manera impositiva o de cumplimiento rigorista, construyendo las plantas de tratamiento de agua, que cumplan ellos las NOM, con vigilancia y modificar las cuotas por pagos de derechos para que se mantengan en operación las plantas.

Dio a conocer que 150 mandos directivos han sido removidos por corrupción.