Con un expediente colmado de anomalías jurídicas, documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 59/2022, familiares, amigos y colaboradores de José Manuel Del Río Virgen, se presentaron de nuevo -ayer- afuera de Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y exponerle que el proceso contra el veracruzano es un caso de justicia selectiva.
De nueva cuenta, como ha ocurrido en otras fechas -desde hace más de tres meses- un grupo de personas que se dicen convencidas de la inocencia del funcionario, se presentan a las afueras del recinto presidencial -sobre la calle de Moneda- en espera de acercarse al mandatario, no obstante, el filtro de seguridad les impide el paso, y los remite a la puerta de Correo Mayor, donde se encuentra la recepción de atención ciudadana. Esa orientación sigue sin convencerles y mantienen su petición de hablar con López Obrador.
La lista de argumentos de descargo, presentados por el abogado Jaime Téllez Hernández, comienza con la denuncia de que la investigación no cuenta con una sola prueba sólida que incrimine al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ni se le ha respetado el derecho de audiencia, tampoco fue citado por el fiscal investigador para conocer el procedimiento, y tener posibilidad de defenderse.
Y así fue que, a solicitud de la fiscalía del estado de Veracruz, sin una sola prueba objetiva y sólida -refirieron los familiares del doctor en derecho-, de manera ilegal el juez de control Francisco Reyes Contreras, giró en su contra una orden de aprehensión. De esta manera, fue privado de su libertad el día 22 de diciembre pasado, en medio de toda clase de violaciones a sus derechos.
Ese hecho ocurrió cuando él y su familia, una hija menor de edad y su esposa, viajaban a bordo de su automóvil en una carretera federal en el estado de Veracruz. Su trayecto fue interrumpido por dos camionetas sin identificación que le cerraron el paso y de donde descendieron 8 elementos sin identificación -que después se supo están adscritos a la fiscalía estatal- con armas de grueso calibre, obligándolo a abordar una de ellas, donde posteriormente se le anunció que estaba siendo detenido por homicidio.
El reclamo de la familia, amigos y colaborades de Del Río Virgen de funda en que se violaron las garantías de éste, consideradas en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Reglamento de la Ley Orgánica de la fiscalía general del Estado de Veracruz, y violentando los derechos de mujeres y niños, plasmados en la Convención de los Derechos de la Mujer y Convención de los Derechos del Niño.
Así, fue puesto a disposición del Juez de Control Francisco Reyes Contreras el 22 de diciembre del 2021, y el 28 del mismo mes, quien, al resolver su situación jurídica, señaló literalmente que la fiscalía no tenía pruebas que lo involucraran en el delito, sin embargo, fue vinculado a proceso por el delito de Homicidio Doloso Calificado.
Ante eso, la defensa de del Río Virgen interpuso el juicio de amparo 49/2022, correspondiendo su conocimiento al Juez del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien de inicio le concedió la suspensión provisional el 20 de enero de este año, y posteriormente la suspensión definitiva el día 27 del mismo mes.
Seguido el proceso de amparo, tras un diferimiento de la fecha de audiencia constitucional, el Juez de Distrito dictó sentencia de fondo el 09 de marzo, conformada por más de cuatrocientas fojas, donde ampara y protege a José Manuel del Río Virgen, estableciendo que ningún dato de prueba da soporte a la conclusión de que el quejoso haya tenido participación en los hechos, que no hay algún señalamiento directo en contra del imputado como autor de los mismos.
Tampoco de forma indirecta se obtiene información en ese sentido, pues los datos de prueba relatados por la fiscalía, con el alcance del contenido que verbalmente vertió al realizar su solicitud de vinculación a proceso, no relacionan al quejoso con el evento por el cual se dio esa privación de la vida (de un candidato a alcalde en aquella entidad), y los hechos que se destacan como indicios no guardan ninguna conexión racional con la conclusión a la que arribó sobre una posible participación del quejoso.
Esa fue razón suficiente para otorgar el amparo para que una vez que la sentencia cause ejecutoria, deje insubsistente la resolución de 28 de diciembre del 2021, y en su lugar emita una nueva determinación legal en la que determine la no vinculación a proceso del quejoso.
Y a esto se sumó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tras un estudio minucioso emitió la recomendación 59/2022 a la fiscalía general del Estado de Veracruz. En su contenido realiza seis puntos de recomendación, evidenciando en todo momento el proceder ilegal de la fiscalía general de Justicia del Estado de Veracruz, otorgando el carácter de víctima al quejoso.
Así los eslabones de justicia se han agotado, evidenciándose la inocencia de Del Río Virgen en su contenido. Sin embargo, hasta la fecha, la fiscalía general de Veracruz, no ha aceptado la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e “inclusive el Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García en conferencia de prensa, invadiendo la autonomía de la fiscalía general, ordenó no aceptar la recomendación”, insistieron quienes reclaman la liberación de José Manuel Del Río Virgen.
