El índice de cumplimiento de la transparencia en la información pública en todo el país retrocedió de 0.52, en 2019, a 0.48 por ciento en 2021, reveló la Tercera Edición de la Métrica de Gobierno Abierto.

Se trata de una encuesta realizada cada dos años por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a iniciativa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que mide la experiencia de la ciudadanía cuando busca información pública.

El profesor de políticas públicas del CIDE, Guillermo Cejudo Ramírez, quien estuvo a cargo del estudio, explicó que los resultados se presentan en una escala donde 1 es la calificación máxima y 0 la mínima. Por lo que el retroceso que revelan los resultados es relevante.

“Lo primero, y me parece que ese es uno de los mensajes más importantes de la métrica, es que se rompió la tendencia positiva en la apertura gubernamental, no sólo en las dos métricas de gobierno abierto previas, sino también si fuéramos a las métricas de transparencia de 2007, 2010, 2014, había habido incrementos, cada vez veíamos que, si bien siempre había desafíos, siempre había heterogeneidades, se avanzaba, había un progreso hacia un ejercicio para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información o al ejercicio de la participación ciudadana, esta vez vemos un retroceso frente a la edición 2019”, señaló el académico.

En el estudio, las administraciones mejor calificadas son la de Guanajuato, con 0.65 puntos, seguida del gobierno federal con 0.57, y en tercer sitio Aguascalientes, con 0.56.

Por el contrario, quien tuvo la peor calificación fue Guerrero, con 0.35, seguido de Oaxaca con 0.37, y Chiapas con 0.38.

En términos generales, los órganos autónomos, los poderes ejecutivos, federal y locales, tuvieron los mejores resultados; en cambio los sindicatos, partidos políticos y fideicomisos obtuvieron las calificaciones más bajas.

Cejudo Ramírez afirmó que, aunque la baja en los resultados obtenidos puede ser explicable por el entorno de la pandemia y los cambios de gobierno a nivel estatal y municipal, revelan que para el ciudadano aún es difícil hacer efectivo su derecho de acceso a la información pública.

“Claramente, una persona que busca participar en sus gobiernos enfrenta una carrera de obstáculos, si bien es probable, pues 95% de los sujetos obligados tienen algún método de contacto que encuentre una forma de poder participar, un teléfono, un correo, un buzón, sólo 58% de los obligados responderá a esos estímulos. Cuando alguien toca la puerta llama al teléfono, manda un correo, 40% de las veces que eso ocurra no recibirá una respuesta, esto es un enorme desestimulo, desincentivo, a la participación”, concluyó el académico.