Ciudad de México. Los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral (INE) “están amparados por la ley, en su autonomía” y su operación “es transparente”, respondió el órgano electoral al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez, quien ayer deploró que la escasa instalación de casillas para la consulta de revocación de mandato haya sido por temas financieros, cuando el instituto retuvo mil 360 millones de pesos “en sus ilegales” fondos.

El INE reiteró que los recursos con que se cuentan en dichos instrumentos no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados, debido a que así lo establece en su artículo 11 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Detalló que el Fondo para Atender el Pasivo Laboral, “cuyo objetivo es la protección de los derechos de las y los trabajadores”, y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE, que también incluye el Fondo para la Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos, “tienen funcionamiento totalmente diferente; es decir, destino u objeto, fuente de financiamiento, comité, reglas de operación y cuenta bancaria, entre otros”.

En conjunto, los fideicomisos tienen un saldo de 1353.09 millones de pesos, de los cuales sólo 626.15 millones se encuentran disponibles, pero no pueden usarse para otros fines que los especificados, insistió en un comunicado.

“Los fideicomisos no son ilegales. Se encuentran sustentados desde la Constitución Política que determina que el INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio de su función”, aseveró.

Agregó que además el ejercicio de estos fideicomisos, “es totalmente transparente, ya que tal y como lo establece la norma correspondiente, se informa trimestralmente a la Junta General Ejecutiva del estado que guardan” y dicho informe se hace público en la página del instituto.

Ayer, a través de redes sociales, Gómez cuestionó la escasa instalación de casillas que desplegó el INE el domingo pasado durante la consulta de revocación de mandato y deploró que la razón haya sido de orden financiero, cuando el instituto “retuvo mil 360 millones de pesos en sus ilegales fideicomisos”. Además, lamentó la poca disponibilidad del INE en la organización: “La ‘autoridad electoral’ nunca dio a conocer a la ciudadanía, porque estaba en contra del procedimiento”, que la Constitución “señala la obligación de votar”.