San Cristóbal de Las Casas. Ambientalistas de San Cristóbal acusaron al alcalde Mariano Díaz Ochoa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de provocar que se “reventara” una reunión en la que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores explicaría los alcances del decreto de Hábitat Crítico para los humedales de montaña de más de 200 hectáreas, emitido el primero de abril. 

El frustrado encuentro que se realizaría en la zona de los humedales terminó con jaloneos y golpes y dos mecánicos detenidos por la policía municipal, liberados poco después. 

El ambientalista Nicolás Gómez Velasco, integrante del concejo sur y de los humedales, formada por 14 colonias barrios y fraccionamientos, explicó que invitaron a Albores a que “viniera para socializar la información y a dar a conocer a importancia de la declaratoria de Hábitat Crítico para las 115 hectáreas de los humedales de la Kist y las 110 de los de María Eugenia, para la conservación de la flora y la fauna y sobre todo porque es son cuerpos de agua que surten el 70 por ciento de agua a la ciudad”. 

Agregó que la reunión se llevaría a cabo en la colonia llamada FSTSE 2001, pero “al llegar, los activistas, ciudadanos y autoridades fueron agredidos por grupos de choque de la (vecina) colonia Bienestar Social” y presuntos pandilleros que se transportan en motocicletas, “que durante años han invadido esta reserva ecológica, afectando severamente el ecosistema de los humedales”, por lo que Albores no acudió a la zona. 

“Nos informaron que el gobierno de Mariano Díaz, cuyo hermano Ricardo tiene terrenos en los humedales, filtró la información, por lo que desde temprano se presentaron los propietarios y grupos de la colonia Bienestar Social e impidieron el paso de los funcionarios; bloquearon los accesos para que nos se realizara la reunión. Hubo gente con intereses inmobiliarios. Estos grupos estuvieron diciendo que el decreto es para que les quiten sus propiedades o los desalojen”.  

En entrevista, remarcó: “El hermano de Mariano tiene un predio en el área y juntó a los propietarios para evitar la reunión. Estaban agresivos. Mariano contrató los grupos de choque. Llegaron a confrontar, agredir y a amenazar. Responsabilizamos a Mariano. Los grupos de choque reventaron la asamblea”.  

Por separado, el alcalde aseguró que cuando llegó “había un grupo de propietarios que pedían una mesa de negociación para que les expliquen en qué consiste la declaratoria”, por lo que no se concretó el encuentro y “nos quedamos con la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas, María del Rosario Bonifaz”. 

En declaraciones al noticiero de la estación local Suprema Radio, manifestó que “no pasó a más, pero hubo algunos golpes y agresiones en contra de León Avila, uno de los principales promotores de protección de los humedales. Gracias a ellos vino la secretaría Albores; le dieron golpes, le rompieron la camisa” y tiraron su teléfono celular con el que grababa. 

“Es triste porque no debemos de llegar a eso. Molesta e indigna que lo hayan golpeado. Se canceló la reunión y yo entré caminando sin problemas, me dieron paso, llegué a donde estaban las personas que estaban organizando el evento, que eran funcionarios estatales y federales”, dijo. 

Comentó que por “sospechosos”, pues uno de ellos llevaba un machete, fueron detenidos dos trabajadores de un taller mecánico que luego cuando se aclaró la situación fueron liberados. 

El empresario Herbert Castellanos afirmó que son más de 370 propietarios que tienen terrenos en la zona de humedales, muchos de ellos con amparos ganados, “que las autoridades federales y estatales quieren utilizar supuestamente para crear un gran parque ecológico. Algunos como en mi caso tenemos media hectárea y otros, predios de 200 metros cuadrados ya construidos, pero en el decreto dice que van para afuera y la gente está indignada”. 

Señaló que Albores “llegó para reunirse con los ambientalistas que viven de hacer proyectos nada más, que no son de la ciudad, no crean empleaos ni hacen algo productivo para San Cristóbal. Con ellos sería la reunión, pero los vecinos se enteraron de que estaría la secretaria y acudieron para pedir una mesa de diálogo para que nos den a conocer qué va a pasar con estas propiedades; desgraciadamente hubo incidentes que reventaron la reunión”. 

Sostuvo que “el gobierno pretende hacer una única propiedad, no sé con qué finalidad, pero puedo recordar los casos de Santa Fe en la Ciudad de México, donde pasó lo mismo y luego los grandes intereses inmobiliarios desarrollaron un gran centro comercial; igual pasó en la Angelopolis de Pueblo y en el parque Juan Pablo II en Tuxtla Gutiérrez”. 

Estos antecedentes inmobiliarios, abundó Castellanos, “nos hacen dudar de que el terreno será usado para fines ecológicos. Estaríamos de acuerdo en que se respete la pequeña propiedad de menos de 2 mil 500 metros cuadrados y se permita a los dueños hacer algunos planteamientos en los que la ecología conviva con el desarrollo humano”. 

El alcalde Díaz Ochoa aseguró que el caso “está en estudio porque si hay la posibilidad del gobierno federal y estatal, se podrían adquirir los terrenos, luego de que se llegue a un trato con los propietarios. No es quitar nada más porque se volvería otro problema. Y tampoco es eliminarlos de donde viven, sino acatar las reglas ambientales, pero no conocemos el decreto”. 

Afirmó que “el municipio está entre la espada y la pared porque tiene que atender a ambos grupos. Los propietarios exigen el cambio de uso de suelo, pero el municipio ya no los otorga, sólo que sólo da su opinión; la que los da es la Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas.