Ciudad de México. La delincuencia organizada "se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisiones de servidores públicos”, alertó hoy en su informe final sobre su visita al país el Comité de Desaparición Forzada (CDF) de las Naciones Unidas.
Subrayó que “los Estados son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.
Villa enfatizó que una preocupación central del Comité es el papel de las fuerzas armadas en la seguridad en México: “Preocupa el enfoque militarizado adoptado por el Estado para combatir a la delincuencia, porque es un enfoque insuficiente e inadecuado para la preservación de los derechos humanos”. Alertó que recientes reformas legales en la materia han enfatizado en esta visión militarizada de la seguridad pública.
Destacó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 162 recomendaciones dirigidas a las secretarías de Defensa Nacional y Marina por presuntas violaciones a las garantías de las personas, de las cuales 15 están relacionadas con desapariciones forzadas. Por ello, el Comité pidió a México adoptar una enfoque preventivo para desalentar la desaparición forzada en México.
“Es fundamental que el Estado ponga especial atención en estructurar una Guardia Nacional Civil, que “permita, de acuerdo a información de la CNDH, ir superando la actuación o violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas armadas “, dijo la jefa de la misión.
“El Comité considera de particular preocupación la victimización de mujeres, en la mayoría de los casos ellas quedan a cargo de sus familias y enfrentan la búsqueda”, apuntó.
Recomendaciones
En este contexto, en términos generales ante la impunidad, la crisis forense en el país con 52 mil cadáveres sin identificar, el CDF emitió 10 recomendaciones generales al Estado mexicano:
Las recomendaciones luego se desglosanen acciones particulares.
Si bien el CDF enfatizó en la papel principal del crimen organizado en la crisis de desapariciones en México, Villa Rosa alertó sobre la responsabilidad del Estado mexicano cuando hay aquiescencia u omisión de servidores públicos.
“El Comité encontró que la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado sólo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el dos y el seis por ciento, habían resultado en procesos penales y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional. La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos,”
Como parte del informe, el Comité enfatizó que la desaparición en México se ha convertido en un crimen perfecto, por lo que para que deje de serlo, “la prevención debe ser el centro de la política nacional para la erradicación de las desapariciones forzadas”.
Alertó sobre la crisis forense en México, enfatizando en la insuficiente respuesta que han dado a esto las fiscalías. "Los servicios forenses son insuficientes, hay varios instrumentos previstos en la ley que no operan; no se cuenta con política pública de identificación humana en la desaparición de personas. Esta crisis se manifiesta en la incapacidad de responder a la inmensa necesidad de reconocer los cuerpos y restos humanos localizados. Esta situación se agrava por deficiencias en registros, varios de los registros a cargo de la Fiscalía General de la República no han sido creados y el sistema único de identificación tecnológica no está implementado.”
Por otro lado, si bien reconoció la importancia que tiene el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en la visibilización del fenómeno de desapariciones en México, que permite dimensionar el fenómeno, el Comité pidió al Estado mexicano que se pudiera incorporar información detallada sobre los casos que involucren a servidores públicos.
Tras reconocer que México ha ofrecido una amplia colaboración con el Comité para la realización de la visita (primera que hace esta instancia de Naciones Unidas en el mundo), detalló que el Estado mexicano tendrá cuatro meses para dar respuesta a las recomendaciones que esta instancia de Naciones Unidas le hizo.
La jefa de la misión dijo que dará confianza el grado de cumplimiento que tenga México a las recomendaciones del informe y, en su momento, se establecerán mecanismos para dar seguimiento y analizar la forma de obtener el cumplimiento de las mismas.
Subrayó que el fenómeno ha alcanzado tales dimensiones que es un asunto que debe ser una preocupación no sólo del Estado mexicano, sino de la sociedad en su conjunto.
