San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) afirmó que durante el mes de marzo, registraron 437 reportes de ataques con armas de fuego en contra de las comunidades del municipio de Aldama, de grupos armados de la comunidad de Santa Martha, perteneciente al vecino Chenalhó.

Añadió que ello ocasionó “el desplazamiento intermitente de cerca tres mil 499 personas que viven el impacto de la violencia permanente”, además de que a consecuencia de los disparos constantes resultaron heridos un integrante de la banda de música del vecino municipio de Santiago el Pinar, lesionado en el tobillo durante la fiesta del Cuarto viernes celebrada en la comunidad de San Pedro Cotzilnam y una niña de nueve años de edad, de la comunidad de Tabac, Aldama, lesionada en la cabeza, ambos fuera de peligro.

Sostuvo que el Estado mexicano “incumple recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la seguridad y la vida de la población en Aldama”.

Recordó que “frente a los ataques armados y el continuum de violencia que se agudizó contra las comunidades desde principios del 2018, una comisión del grupo de representantes de los 115 comuneros y el Frayba, solicitaron desde hace cuatro años medidas cautelares a la CIDH, que luego de analizar y considerar que existe una “situación de gravedad, urgencia y la posible generación de un daño irreparable”, actualizó el seguimiento de las medidas MC-882-17, MC-284-18 -Familias tsotsiles de 22 comunidades identificadas en los municipios Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama, bajo la Resolución No. 102/21(Seguimiento) con fecha del 15 de diciembre de 2021”.

Señaló que “las acciones que han efectuado las autoridades del Estado mexicano para garantizar la vida y la seguridad de la población han sido ineficaces como hemos resaltado constantemente”.

El gobierno mexicano, aseguró, “ha centrado su atención en el conflicto territorial y para ello el día 3 de marzo del presente año entregó a los comuneros de Aldama el predio Cerro Bola ubicado en el municipio de Ixtapa, sitio que se encuentra a casi 100 kilómetros de su lugar de origen. El mismo día de la ceremonia de entrega del predio la población estuvo bajo ataque constante. Sin embargo, los gobiernos estatal y Federal siguen sin atender la investigación, desarme y desarticulación del grupo agresor, sus fuentes de financiamiento y el vínculo con autoridades estatales y locales”.

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, lamentó “la negativa del Estado mexicano de dar cumplimiento a las exigencias planteadas por la CIDH, incluyendo la criminalización por la que se mantiene en privación arbitraria de la libertad al señor Cristóbal Sántiz López, quien fungía como vocero de los representantes de los 115 comuneros de Aldama, siendo claramente un defensor comunitario preso de manera injusta desde marzo de 2020”.

También manifestó su “preocupación porque el Estado mexicano no respeta ni proporciona garantías necesarias que protejan la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama, por lo que exigimos cumpla con su responsabilidad efectiva de devolver la paz y tranquilidad a la población como parte fundamental de los derechos humanos y por consiguiente el cumplimiento cabal de las recomendaciones de la Resolución No. 102/21 de la CIDH, ya que el municipio de Aldama sigue asediado con agresiones diarias, siendo que al cierre de este boletín, en el mes de abril se han registrado 49 ataques con armas de fuego hacia las comunidades”.