Ciudad de México. La reforma a la Ley General de Salud que elimina el modelo de aislamiento para pacientes siquiátricos y establece la figura de consentimiento informado en la atención médica y mental, que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de abril pasado, representa “un hecho histórico” y “un paso contundente en la dirección correcta”, afirmaron diversas organizaciones.

Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora del Programa Discapacidad y Justicia de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, destacó que la evidencia muestra que el modelo de atención basado en asilar a los pacientes en hospitales “monovalentes”, es decir, de una sola especialidad, en este caso siquiatría, “en realidad no tenían un aspecto hacia la recuperación y sobre todo la inclusión y el respeto de los derechos de las personas”.

Expuso que en muchos casos los pacientes “pasaban mucho tiempo en el internamiento o iban y venían, con múltiples ingresos, en algunos casos involuntarios, en donde eran víctimas, en muchas ocasiones, de malos tratos”.

En este sentido, en entrevista, resaltó que la reorientación de este tipo de atención además acerca la posibilidad de que las personas sean tratadas, “porque hoy en día con el estigma alrededor de la discapacidad sicosocial o enfermedades mentales lleva a que no busquen apoyo y cuando lo hacen lo que se encuentran es un sistema opresivo en muchos sentidos y lejano a la posibilidad de tener un proyecto de vida en la comunidad”.

En un pronunciamiento a parte, las organizaciones Conexiones Psicoactivas, Equis Justicia para las Mujeres, Hacia la vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo AC, entre varias más, destacaron que la reforma “privilegia el diseño de políticas acordes con el enfoque de salud pública y los derechos humanos establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y exigidas continuamente por la sociedad civil”.

Reconocieron que la ley establece que la salud mental y la prevención de las adicciones “tendrán un carácter prioritario en las políticas de salud pública”, incorpora el enfoque de reducción de riesgos y daños como un principio rector en la atención que deben brindar las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, además de que contempla mecanismos para supervisar la protección a derechos humanos, y medidas que contribuyan a reducir el estigma y la discriminación.

No obstante, apuntaron que uno de los aspectos que queda pendiente es el reconocimiento explícito de la necesidad de desarrollar programas destinados a atender los efectos que el clima de violencia, violaciones a derechos humanos e impunidad genera en la salud mental.