Al cumplirse mañana dos meses de la muerte del adolescente de 14 años de edad, Ángel Manuel Moreno, ocurrida en las instalaciones del DIF Fabriles, en el estado de Nuevo León, organizaciones de la sociedad civil, como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Tejiendo Redes Infancias, así como algunas organizaciones estadunidenses realizaron hoy una acción simultánea en ambos países para demandar que se esclarezcan los hechos sobre su muerte y posterior cremación del cuerpo del menor.
Juan Martín Pérez, titular de Tejiendo Redes Infancia y representantes de la plataforma Change.org acudieron en la Ciudad de México a la representación del gobierno de Nuevo León a dejar un documento para exigir la aclaración del caso y entablar un diálogo directo con el gobernador de aquella entidad, Samuel García.
Allí fue recibido el escrito y representantes de esa entidad aseguraron que el gobierno de ese estado está interesado en esclarecer los hechos y eventualmente emprender acción sobre posibles responsables del deceso.
Martin Pérez señaló a las afueras de la representación neolonesa en la capital, ubicada en Marsella 25, colonia Juárez que en Change.org ya hay 13 mil 455 firmas demandando justicia.
Explicó que el adolescente vivía desde los cuatro años en el albergue del DIF Capullos, el cual ha estado en los últimos tiempos involucrado en polémicas. La última, haber permitido al gobernador García y a su esposa Mariana Rodríguez sacar de sus instalaciones a un bebé un fin de semana y haberlo expuesto en redes.
Martín Pérez dijo que desde ese albergue se trasladó a Ángel a DIF Fabriles, que es para niños migrantes, condición que no correspondía con la del adolescente, quien además padecía una discapacidad psicosocial.
Comentó que hubo denuncias anónimas de maltrato. Angel llegó al DIF Fabriles, el cual además de ser para menores migrantes, está sobrepoblado.
Derivado de las denuncias la comisión estatal de derechos humanos recomendó medidas cautelares, y poco después el menor muere, “aparentemente de problemas gastrointestinales”, sin haber tenido previamente algún tipo de sintomatología relacionada con esa condición.
Aseguró que existen un sinnúmero de “irregularidades” en el caso, por lo que se solicita a la fiscalía del estado investigar a fondo para esclarecer los hechos, castigar a posibles responsables y garantizar la no repetición de situaciones similares.
Martín Pérez dijo que alrededor de 33 mil niños viven en hogares DIF en el país y llamó a firmar la petición en Change.org.
