Ciudad de México. Por la violación a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de 41 derechohabientes o beneficiarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), quienes a pesar de haber liquidado sus créditos hipotecarios no han recibido sus escrituras o, “por omisión de personas servidoras públicas”, no aparece el registro de sus propiedades a su nombre, entre otros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al director general dicho organismo, Carlos Martínez Velázquez.

En la Recomendación 65/2022, la CNDH puntualizó que los 40 casos -con 41 víctimas- ocurrieron en la delegación del instituto en Coahuila y los quejosos presentaron sus denuncias entre 2018 y 2021 para referir que recibieron un crédito para adquirir un inmueble y que, ya liquidado o adjudicado por invalidez permanente o como beneficiarios por viudez o lazo consanguíneo, no han recibido sus escrituras, no están inscritos en el Registro Público de la Propiedad o aparece el inmueble a nombre de otra persona. En todos los casos, los créditos se pagaron, unos en 1995 y 1997, y los demás entre 2005 y, el más reciente, en 2017.

Indicó que los afectados recurrieron a las oficinas del Infonavit en el estado y fueron recibidas por diversas personas servidoras públicas, “quienes no supieron orientar, asesorar y canalizar a los derechohabientes o refirieron que no había recursos financieros para pagar los trámites de escrituración, argumento que también esgrimieron los notarios asignados que trabajan o colaboraban con el organismo federal”.

Con el análisis de los expedientes de las quejas, la CNDH pudo acreditar omisiones sistemáticas y prácticas administrativas irregulares como la incorrecta integración de la documentación en los expedientes, retardo injustificado en la escrituración de los inmuebles, incumplimiento del proceso de Originación del Crédito hasta la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y la contravención de sus obligaciones sin justificación alguna, “por lo que siete personas servidoras públicas no se apegaron a los principios de legalidad y seguridad jurídica que rigen el servicio público”.

Ante ello, emitió una serie de puntos recomendatorios, entre ellos, solicita finalizar los procedimientos de regularización y escrituración de los 40 inmuebles y reparar el daño causado a las víctimas mediante una compensación proporcional a la gravedad de la violación de sus derecho