Al rendir su informe de labores ante el pleno del Senado, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra, refrendó la autonomía constitucional de ese organismo y resaltó que “por encima de la coyuntura y los vaivenes políticos, la defensa de los derechos que titulan es fundamental, “ya que hace que nuestra democracia sea vital y útil para las personas”.

El Inai , subrayó Ibarra ante los legisladores, “no tiene bandera política, es un organismo que basa su actuación en lo que está mandatado en la Constitución política. En ese sentido, el Inai se asume como una institución autónoma”.

Expuso asimismo, que en el periodo octubre 2020 a septiembre 20221, en el INAI se presentaron más de 43 mil solicitudes de datos personales y el mayor número se concentraron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 23 mil 150 solicitudes; el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con 3 mil 417 solicitudes y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 2 mil 861 solicitudes.

La comisionada-presidenta del Inai,destacóque , el año pasado, durante la pandemia de Covid-19, el repunte que ha tenido el registro de solicitudes de información” no solamente se incrementó en más de 20 puntos porcentuales con relación al período anterior, sino que también supera los niveles previos a la crisis sanitaria colocándose como el segundo nuevo máximo histórico”.

Esto, subrayó en el pleno del Senado, constituye una señal promisoria para el ejercicio del derecho a saber, pues muestra el creciente interés de la población para conocer más de los asuntos públicos.

Abundó que en el periodo reportado, “recibimos más de 17 mil medios de impugnación en materia de acceso a la información”, lo cual implica un incremento de 19.2 por ciento comparado con el periodo anterior.

Ibarra, enfatizó que desde 2003 a la fecha, más de 2.5 millones de solicitudes fueron ingresadas a los Sujetos Obligados del Orden Federal, de ese total, precisó, poco más de 285 mil corresponden a este último periodo.

El tiempo promedio de respuesta de las solicitudes de información, aseveró, fue de sólo 13.1 días, tiempo muy por debajo del máximo de 20 días que prevé la ley.

Ibarra detalló que se instauraron 83 procedimientos de imposición de sanciones por el presunto incumplimiento a la ley aplicable al sector privado, que representa multas de casi 100 millones de pesos, cifra superior en 69.6 % a la reportada en el año anterior.

Cabe advertir, recalcó, que los tres órdenes y sectores donde más se concentraron estas sanciones fueron los de servicios financieros y de seguros, con 28.5 %, con 27 millones 441 mil 548 pesos; información en medios masivos, con 21.7 %, con 20 millones 936 mil 383 pesos y servicios de salud y de asistencia social, con el 12.3 %, con 11 millones 832 mil 134 pesos.