Ciudad de México. Al comenzar a analizar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la ponente Loretta Ortiz Ahlf presentó su proyecto a favor de avalar esta norma, y sólo dos ministros alcanzaron a manifestar sus posturas, uno en contra y otro apoyando parcialmente la propuesta.

El debate continuará el jueves próximo, día en que la SCJN sesionará hasta agotar el tema, anunció su presidente, Arturo Zaldívar.

Durante la sesión de este martes sólo pudieron expresar su postura frente al proyecto dos ministros. El primero, Javier Laynez, anunció su voto en contra, debido a que considera que la LIE es contraria a la reforma energética de 2013.

Sostuvo que no le corresponde a la SCJN definir la política pública en materia energética, sino sólo señalar si la LIE se ajusta o no a la Constitución.

El otro ministro que expresó su opinión fue Juan Luis González Alcántara, quien dijo apoyar en lo general el proyecto de Ortiz, pero manifestó su posición a favor de la necesidad de dar preferencia a las energías limpias y favorecer la libre competencia.

Loretta Ortiz puede participar

La discusión inició desechando, por mayoría de ocho votos, la petición de senadores de oposición para que la ministra Ortiz fuera declarada impedida para participar en la discusión de este asunto ya que, alegaban, como diputada de Morena votó en contra de la reforma constitucional en materia energética de 2013.

La mayoría consideró que, aunque ambos asuntos tienen que ver con energía, los temas de constitucionalidad que se analizan son diferentes y de distintos ámbitos, por lo que se decidió que la ministra sí podrá exponer sus proyectos y participar con su voto.

Así, Ortiz planteó su propuesta de sentencia, basada en reconocer el acceso al servicio eléctrico como un derecho humano, y que por lo tanto el Estado debe ser garante de que todos los ciudadanos puedan gozar de él.

“Por sí misma la energía eléctrica es un derecho independiente, cuya denegación arbitraria e indiscriminada puede generar una violación autónoma. Para acreditar esta dimensión, y por tanto su cristalización como un derecho humano, en el proyecto se destacan ejemplos de cómo las personas dependemos de la electricidad, en mayor o menor medida. Se destaca que en el Derecho Comparado existen legislaciones que ya reconocen la electricidad como un derecho humano, así como la calidad de personas electro dependientes a quienes su vida depende de ella”, planteó la ministra ponente.

Ortiz expuso el primer apartado de fondo, que comprende los artículos de la LIE que norman el orden de despacho, es decir, las reglas de prelación con las que los generadores públicos y privados tendrán acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT) para distribuir su electricidad.

Los senadores de oposición impugnaron este punto de la LIE por considerar que favorece injustamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vulnerando los principios de libre competencia y dejando en segundo plano a los generadores de las llamadas energías limpias: eólica y solar.

En el proyecto se planteó que este tipo de generación no es constante, pues depende del viento y de luz del sol, por lo que para garantizar un abasto regular y seguro de electricidad es necesario contar con plantas tradicionales para el suministro básico.

Pagar por las energías limpias contratos con precios fijos implicaba un costo adicional que al final tenía que pagar la nación, por lo que no son inconstitucionales los criterios que fijan la obligación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de mantener la confiablidad, calidad y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional, explicó Ortiz.