San Cristóbal de Las Casas, Chis. La disputa por liderazgos, el temor de que no se respeten sus espacios originales y la incertidumbre de quedarse sin un lugar apropiado para vender sus productos temporalmente, ha ocasionado que un grupo de locatarios del mercado público José Castillo Tiélemans, edificado hace medio siglo, se oponga a su reconstrucción, por lo que existe el riesgo de que más de 150 millones de pesos del presupuesto federal sean destinados a obras en otros estados.

Debido a su antigüedad y a que nunca ha sido remodelada, la principal central de abasto de la ciudad, visitada por cientos de turistas nacionales y extranjeros, requiere de nuevo drenaje, mejor servicio de agua potable y de electricidad, entre otros servicios.

Uno de los problemas de la central de abasto es que su estacionamiento y las calles de los alrededores fueron invadidas desde hace varios años por cientos de vendedores, indígenas la mayoría, que tienen el control de esos espacios públicos, de lo que se benefician sus dirigentes, incluidos pandilleros que se transportan en motocicletas, conocidos popularmente como motonetos.

El proyecto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que ya autorizó más de 150 millones de pesos para la reconstrucción del mercado, contempla la demolición del edificio, ubicado en un espacio propiedad del municipio, a siete cuadras del parque central.

La directora de Planeación Municipal, Ana María Pérez Alvarez, explicó que “el proyecto consiste en tirar todo, demolición total del edificio, debido a que tiene 51 años de haberse construido y fue diseñado para un número determinado de locales”, por lo que ha sido rebasado.

Agregó que debido al aumento del número de locatarios ya no son suficientes los servicios de drenaje, agua potable y electricidad. Los vendedores “han estado haciendo las instalaciones de manera económica (sic) y ponen cables no adecuados, lo que representa un riesgo. Tenemos dictámenes de Protección Civil”.

En entrevista dijo que la intervención se haría en la nave principal, donde venden cerca de 800 locatarios, varios de los cuales se oponen a la demolición del mercado, aliados con los vendedores de la parte exterior que “nada tienen que ver”.

Abundó: “Son dos grupos los que se oponen sin razón, porque los representantes no han bajado adecuadamente la información. Cuando los convocamos les preguntamos que cómo querían que los atendiéramos, si por giros comerciales o por organización, pero una de las personas incluyó a los de afuera, los que están en calles y ahí empezaron a oponerse”.

Rosa Estrada García, dirigente de la Unión Sindical de Locatarios (Uslo), que aglutina a más de 300 locatarios y una de las agrupaciones que se oponen a la obra, dijo que “no queremos la reconstrucción ni la demolición. El presidente municipal (Mariano Díaz Ochoa) dice que sí lo hará, pero los que decidimos somos los que estamos aquí día a día. No creo que vaya a hacerlo porque ya dijimos que no y no es no. Otro grupo sí está de acuerdo, pero no tiene gente”.

Comentó que son tres razones por las que la Uslo y otros locatarios que se han declarado independientes se oponen a la demolición de la central de abasto: ya no va a quedar de la misma calidad, sino con paredes más delgadas; no hay espacios adecuados para la reubicación temporal para la venta de sus productos; existe temor de que una vez edificada la obra no se respeten los espacios que ocupan actualmente.

“Ya les dijimos que estamos de acuerdo sólo en la remodelación del mercado, que arreglen las láminas y el drenaje. No queremos que lo hagan (reconstrucción) porque no va a quedar igual; le dije al presidente que este mercado no tiene ni grietas por los temblores, porque lo hicieron buenos albañiles, incluido su difunto papá (Ricardo Díaz Martínez). Ni los arquitectos de ahora hacen una construcción como esta. Además, nos dicen que la obra va a tardar sólo ocho meses o un año, pero después va a resultar que van a ser dos o más años”, expresó.

Rosa Estrada García, líder de la Unión Sindical de Locatarios (Uslo), que aglutina a más de 300 locatarios y una de las agrupaciones que se oponen a la obra. Foto Elio Henríquez

Luis Gamboa Ricci, contralor interno del ayuntamiento de San Cristóbal, manifestó que “técnicamente no es posible la remodelación, pues no se pueden hacer parches, sino que se tiene que hacer una construcción integral desde los cimientos. El mercado, que corre el riesgo de colapsar, fue proyectado hace más de 50 años y está rebasado, al grado de que hay mucho comercio afuera”.

Agregó: “Al parecer hay un conflicto de grupos, de liderazgos y de alguna manera el proyecto del mercado se volvió como manzana de la discordia. Ya se hizo un censo, se tomó la medida de cada puesto, el giro y saben ellos dónde estaban y dónde van a regresar en mejores condiciones. Esto está delineado perfectamente y había consenso y apoyo de los locatarios. El problema ocurrió cuando la gente que está afuera, en las calles, empezó a sentirse desplazada del proyecto que tiene que ser primero en el terreno municipal, donde está la nave principal”.

Señaló que “los que están afuera sintieron que no los tomaron en cuenta y empezó su preocupación y la oposición. A algunos de la nave principal también los desconcertaron, pero existe certeza jurídica de que van a regresar a lugares con un certificado como concesionarios por espacios públicos”.

Fernando Pérez Jonapá, ex dirigente de la Confederación Nacional de Obreros Populares (CNOP) y locatario, opinó que “uno de los errores es que el ayuntamiento le dio juego y le presentó el proyecto a la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), que ha repartido espacios afuera del mercado”, al tiempo que propuso que se construya un patronato de locatarios de diferentes giros para que no haya líderes y así se pueda llegar a un consenso.

Estrada García, quien lleva en esa central de abasto 50 años vendiendo pescado y camarones secos, principalmente, reiteró que “ya no hay posibilidades de llegar a un acuerdo, porque no podemos negociar con esa clase de gente. No confiamos” en el alcalde ni en Narciso Ruiz Sántiz, líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), Hernán Cantoral, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ni de Pérez Jonapá.

Pérez Alvarez, que también se desempeña como enlace del programa de mejoramiento urbano de la Sedatu, explicó que para que se construya la obra es necesario que los locatarios firmen tres documentos: que aceptan la reconstrucción; que están de acuerdo en la reubicación temporal sin pagar derecho de piso y el de la certeza jurídica de que se respetarán los locales que tienen, que no perderán ningún espacio.

El alcalde Díaz Ochoa informó que siguen las pláticas con los inconformes, y “los vamos a convencer; no tenemos mucho tiempo, pero no podemos perder los 150 millones de pesos de inversión para este mercado, que es muy importante para San Cristóbal; todos los sancristobalenses lo desean, aunque algunos de los locatarios no están de acuerdo, pero tenemos la obligación de convencerlos y tengo la confianza en que se va a construir. Los que se oponen son los que venden afuera y la construcción es sólo la nave”.

Afirmó que el tema de la reconstrucción del centro de abasto es prioritario y fue analizado en la mesa de seguridad del 31 de marzo, que encabezó en esta ciudad el gobernador Rutilio Escandón Cadenas”.

Narciso Ruiz, uno de los dirigentes en los que se apoyó el alcalde para impulsar la obra, pero que es rechazado por líderes de los locatarios que están en contra, manifestó que la oposición de un grupo de locatarios se debe a que “ha habido una mala interpretación que ha generado que algunos piensen que los van a quitar o les van a reducir espacios y que no fueron tomados en cuenta”.

Señaló que “desde 2010 hay un dictamen de Protección Civil de que las instalaciones ya no son adecuadas y es peligroso para la gente que vende y la que compra. El proyecto de la Sedatu está bien; contempla captación de 188 mil litros de agua, cisterna de 158 mil litros, cámara de vigilancia y muchas mejoras más”.

Consideró que “una vez que se quiten las mentiras y se ventile la información correcta y la gente se dé cuenta de que el nuevo mercado será de beneficio para todos, se puede llegar a un acuerdo para su reconstrucción”.

Pérez Alvarez comentó que si no se llega a un acuerdo con todos los grupos, existe el riesgo real de que los más de 150 millones de pesos sean llevado a otro municipio u estado, al tiempo de señalar que “fueron instrucciones del presidente de la República que se autorizaran esos recursos para el mercado porque han sido gestiones de muchos años”.

Por ello, Gamboa Ricci llamó “a la conciencia de estas gentes que se oponen para que cambien su actitud porque es un beneficio colectivo, no sólo para ellos. Sería un error dejar ir el dinero”.