Monterrey, NL. Ante la crisis hídrica que vive la zona metropolitana de la capital de Nuevo León, ciudadanos y miembros de 21 organizaciones no gubernamentales exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no otorgar ni renovar o extender concesiones de agua en zonas urbanizadas o urbanizables.

Pidieron auditorías a concesiones de pozos a particulares y obligarlos a conectarse a la red de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (Sadm) para que paguen el consumo que realizan, pues muchos de ellos lo hacen con fines de lucro.

Los activistas consideraron una ofensa que mientras la ciudadanía sufre por los recortes de líquido en sus domicilios, los concesionarios tengan agua ilimitada para fines particulares, como negocios o riego de campos de golf. Solicitaron que se transparente la lista de los concesionarios, por ser un tema de interés público.

Entre las agrupaciones que respaldan la solicitud están el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, Unidos por El Huajuco, Comité Ecológico Integral, Piensa Verde, Plan San Pedro, Vertebra, Nuevo León Resurge y Evolución Mexicana.

Organizaciones civiles de San Pedro Garza García, el municipio más rico de México y de América Latina, lo mismo que ciudadanos de estratos económicos medio y bajo, se unieron bajo una causa común: la defensa del agua.

Los activistas acudieron a la delegación de la Conagua para entregar un pliego petitorio de 10 puntos y fueron atendidos por Gabriel Riestra, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del organismo, al que demandaron preservar la calidad de vida de la población, mediante el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales.

El funcionario les dijo que no están cruzados de brazos, pero les aclaró que por la veda electoral no puede profundizar en el tema. Les pidió regresar el 11 de abril, un día después de las votaciones para la revocación de mandato. No es posible que los ciudadanos estemos pagando las consecuencias de la falta de suministro de agua y las grandes empresas tengan concesiones, reclamó José Daniel Borrego, integrante de Nuevo León Resurge.

Los inconformes puntualizaron que no hay justificación social alguna para que continúen existiendo concesiones o asignaciones domésticas en zonas urbanas donde sea posible conectarse a la red de Sadm y/o a concesiones agrícolas o industriales fuera de uso. Igualmente, solicitaron presentar un punto de acuerdo ante autoridades para programar acciones e inversiones necesarias a corto, mediano y largo plazo, para resolver el abastecimiento de agua, así como la gestión integral del líquido transdisciplinariamente, que permita dar certeza, conocer y establecer los límites al desarrollo en la región.

Pidieron a la Conagua, que de ser necesario considere la expropiación forzosa por causas de utilidad pública e interés público y social. Le demandaron transparentar y entregar toda la información sobre las concesiones de agua otorgadas en Nuevo León que están vigentes.

Precisaron que la información debe indicar fecha de vencimiento, si los concesionarios y asignatarios cuentan o no con medidor automático, el costo total que pagan por el líquido extraído, además de la información sobre aquellos que no cumplen con todos los requisitos que la ley y los reglamentos estipulan.

También plantearon que durante tiempos severos de escasez de agua, la Conagua debe emitir acuerdos que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, para restringir el uso de líquido a titulares de concesiones para uso agrícola e industrial. Asimismo, pidieron una revisión de los títulos para fines industriales y agropecuarios, de tal forma que se evalúe su pertinencia.