Asunción. El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, destituyó este viernes al comandante de la Academia Militar tras denuncias de supuestos maltratos sufridos por cadetes, informaron las autoridades castrenses.

El mandatario separó al general César Caballero como consecuencia de una serie de denuncias de abusos y torturas contra cadetes atribuidas a superiores y divulgadas por medios de prensa.

Abdo también destituyó al comandante del Cuerpo de Cadetes, Simón Leguizamón.

"Estos cambios obedecen a supuestos maltratos denunciados por familiares y cadetes de la Academia", señaló la dirección de comunicación de las Fuerzas Militares en un comunicado.

Poco antes de ser destituido, el comandante Caballero rechazó las acusaciones.

"Acá no hay nada que esconder. Fue un accidente. No hubo tortura. Quiso prepararse un té de eucalipto porque hacía frío y cayó de un árbol de 2 metros y medio", dijo en referencia al caso de un cadete de 21 años, Alcides Ariel Mancuello, internado en el área de terapia intensiva en un hospital castrense.

Sin embargo, el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, reveló que la Defensoría recibió denuncias sobre maltratos. "Confirmamos que está internado un cadete de tercer año en la unidad de terapia intensiva".

La Defensoría presentó una denuncia por supuestos maltratos ante la Fiscalía.

Además del joven internado, la Defensoría pidió investigar otros cuatro casos de supuestos vejámenes que involucran a dos cadetes hombres y dos mujeres.

"Todos los casos deben ser esclarecidos en forma inmediata", reclamó Ávila en declaraciones a periodistas, aunque admitió que una investigación en la esfera militar "es complicada".

"Las denuncias son hechas por terceros y no por los afectados, por lo que se produciría un encubrimiento a los responsables de las torturas", precisó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Paraguay en 2004 por las violaciones a los derechos humanos de un soldado de 16 años, muerto en circunstancias confusas, y ordenó al Estado paraguayo la reparación a su familia, así como iniciar capacitación a miembros de las Fuerzas Armadas en derechos humanos y reformar la legislación nacional.

Como consecuencia de esta sentencia, desde 2007 se prohibió que menores de 18 años hagan el servicio militar obligatorio.

El Estado emitió una disculpa pública a los padres de la víctima reconociendo los hechos.